Numerosas inspecciones se realizaron el miércoles en el micro y macrocentro de la ciudad, donde se clausuraron ocho quioscos de venta de comida al paso y bebidas sin alcohol de la zona de Entre Ríos, por hacer uso de espacios públicos sin autorización y no contar con el permiso municipal para desarrollar la actividad comercial, incumpliendo la ordenanza 6.240.

Dos sandwicherías ubicadas en barrio Castañares y Rioja al 300 y otras dos de Independencia al 600 y Alsina al 500, más un restaurante de Lamadrid al 700 fueron clausurados por las mismas razones.

La Subsecretaría de Control Comercial, aseguró que los propietarios de los comercios fueron notificados previamente sobre las infracciones cometidas, a fin de que regularicen su situación.

El jueves los inspectores se trasladaron a la zona sur de la ciudad y realizaron operativos en la avenida Roberto Romero de barrio El Tribuno e Intersindical, allí clausuraron 20 comercios que estaban ubicados en la platabanda de dicha avenida. La instalación de comercios en este lugar está expresamente prohibido por la ordenanza número 3.276 en su articulo 112, que establece la prohibición de puestos en parque, plazas, platabandas, avenidas, puentes y los lugares reservados para uso institucional.

Además de la clausura, se realizaron multas que fueron elevadas al Tribunal Administrativo de Faltas, quien se encargará de evaluar cada caso y colocar el monto que deberá abonar cada infractor.

Por otro lado, deberá retirar sus pertenencias del lugar incluidos los puestos, dejando el lugar en el mismo estado en el que estaba: “La mayoría de los puestos clausurados en la avenida Roberto Romero, eran de construcciones sólidas, con dimensiones mucho mayores a las permitidas por el municipio. Legalmente se estiman puestos 3 por 3 metros, pero encontramos puestos de 15 metros de frente y 4 de fondo”, dijo Julio Gorena, director de Operativa.

En el caso de los puesteros del Parque San Martín, están contemplados por la ley porque el Concejo Deliberante les dio una autorización especial para que puedan estar ahí, y se encuadran dentro de las excepciones del articulo 112.

El organismo municipal realizó operativos en distintos puntos de la ciudad para controlar la venta ambulante, la ocupación ilegal de los espacios públicos y el cumplimiento de las normativas municipales en locales de venta de comida. “Estos controles fueron efectuados con la colaboración de la Policía de la Provincia para garantizar la integridad física de los inspectores.

Decomisaron mercadería

En las peatonales se incautó mercadería que se comercializaba en forma ilegal. Entre los productos se decomisaron 15 desodorantes, 45 frascos de perfumes, 10 cartucheras, 6 mochilas, 2 cuchillos, sillas plegables y juguetes. A esto se le suman 50 kilos de ropa, entre medias, ropa interior para hombres y mujeres, shorts, fajas modeladoras, polleras, toallones y remeras. Los vendedores de estos artículos no pudieron acreditar la procedencia de la mercadería.

Otro operativo se llevó a cabo en inmediaciones a la terminal de ómnibus y parque San Martín, arrojando como resultado el decomiso de un gazebo, sillas plegables, tablones y caballetes, recipientes de plástico y 24 sándwiches de milanesas de un puesto de comida cuyos vendedores además de no tener la autorización, se encontraban en estado de ebriedad.

Quieren erradicar a los carreros

Julio Gorena, director de Control de Operativa, dijo que hay una “decisión irreversible” de sacar a los carreros de los espacios públicos.

Cuenta también que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad y la Policía para que estos trabajadores no se reinstalen en las calles del micro y macrocentro.

Según Gorena, se ha sacado a los carreros de las calles pero estos vuelven a instalarse, por lo que implica un trabajo diario de la Policía y los inspectores que tienen que controlar permanentemente esta situación. La zona más conflictiva es la de la intersección de San Martín e Ituzaingó, aunque no es la única esquina donde se encuentran estas personas.

Perjuicio público

Además de adulterar las balanzas y dar menos mercadería que la que dicen, ensucian las calles y veredas, obstruyen las sendas peatonales, se ubican en las rampas para discapacitado impidiendo que estos puedan circular y tapan la visibilidad de los autos y motos, entre otros inconvenientes.

“Las personas que venden frutas, en general, son personas con antecedentes penales, que tienen vicios y comportamientos no adecuados”, señaló Gorena.

El funcionario aseguró que la decisión de que se vayan los carreros está tomada, en lo que se trabaja ahora es en proporcionarles alternativas laborales. “Personalmente, no tengo fe de que por la vía del diálogo vayamos a llegar a un acuerdo con esta gente, pero tenemos que agotar esta instancia. Si no llegamos a un acuerdo y los carreros siguen ocupando los espacios públicos, nos veremos obligados a retirarlos con la fuerza policial. Estamos tratando de evitar esa salida”, aseguró.