La ex jueza Mary Mitchell es una de las personas involucradas en este pedido realizado a las autoridades judiciales, y según explicó, “fue planteada para las ordenanzas de enajenación de la terminal y la modificación de excepción de los índices urbanísticos para el actual inmueble, que permite hacer el emprendimiento inmobiliario que está planeado por iniciativa privada”.

“La demanda fue elevada a la Suprema Corte de Justicia, con el planteo de inconstitucionalidad y consecuente nulidad de las mismas”, apuntó.

La ex magistrado señaló que “ahora la Municipalidad puede plantear o no algunas medidas, pero no significará parar el proceso en este momento”, y resaltó que la Municipalidad debe estar ya informada sobre esta presentación y además, “sobre este proceso iniciado, las empresas involucradas e interesadas tienen conocimiento”.

Mitchell dijo que “se trata de un problema de legitimidad y los que estamos en esto, pensamos informar a los vecinos de manera unificada, para que se conozca esta acción que tiene extensión a los derechos vecinales”.

“Acá hay una mira que es la inconstitucionalidad que nosotros planteamos, y la Corte Suprema de la Provincia puede hacer lugar o no. La Justicia deberá decidir, pero nosotros lo hemos hecho como forma de participación ciudadana”, agregó.

También recordó la ex jueza que “en este tema, luego de las tremendas inundaciones que sufrimos en el país, los técnicos y profesionales coinciden que uno de los puntos que hay que empezar a mirar con seriedad es la eclosión de emprendimientos inmobiliarios. Se tapan ríos, se construye sobre estos, no hay una planificación que mire el ambiente y deje a salvo lo elemental que es la salud del medio ambiente”.

“Acá en Junín hay hasta tres nuevos emprendimientos en una manzana, y esto puede traer consecuencias”, sostuvo Mary Mitchell.

La licitación

La Municipalidad de Junín tiene en marcha el proceso de licitación pública de objeto múltiple, compuesto, concomitante y adjudicatario único para la contratación de la terminal de Ómnibus y la venta del inmueble municipal donde hoy está emplazada la estación de colectivos.

La licitación pública prevé, por un lado, la contratación de obras para la construcción de la terminal, gimnasio y locales complementarios, pista de atletismo y edificio administrativo. A su vez, comprende todas las tareas necesarias para su fin específico, materiales, equipos y herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, seguros, señalización y balizamiento diurno y nocturno y/o todo otro bien o servicio necesario para la ejecución de las obras. El presupuesto oficial es de aproximadamente 30 millones de pesos.

Por otra parte, se llama a licitación pública para la venta del inmueble municipal, donde actualmente se encuentra emplazada la actual terminal, y con afectación del producto de la venta al pago del precio por la ejecución de obras descriptas en el punto precedente. El precio base es de $ 30.600.000.

Mayoría en el Concejo Deliberante

El año pasado, la administración municipal avanzó en su proyecto a partir de su mayoría en el Concejo Deliberante. La modificación necesaria en los índices urbanísticos para permitir la construcción privada de un edificio en el actual emplazamiento de la terminal de ómnibus, se hizo realidad con la aprobación de los concejales oficialistas.

A pesar de la recomendación en contrario que dio el Consejo Asesor, compuesto por los colegios de profesionales, el meonismo hizo valer su mayoría en el recinto y siguió adelante con el proyecto.

De este modo, en esta privilegiada manzana delimitada por las calles Rivadavia, Belgrano, Winter y avenida San Martín, habrá “viviendas de uso multifamiliar y equipamiento administrativo, comercial, financiero, institucional y de servicios”, con una densidad neta de hasta 3000 habitantes.

En el momento de la conflictiva sesión, las explicaciones correspondientes del despacho de comisión por mayoría, apoyado solamente por los concejales radicales, fueron brindadas por Mauricio Mansilla y sorprendieron en más de un párrafo. Dijo que se desoyó la resolución del Consejo Asesor porque se tomó una “decisión política” en contrario; justificó la aprobación trazando un paralelismo con la mayoría justicialista en los niveles superiores de gobierno y justificó el apuro en el tratamiento diciendo que se trata de “una oportunidad que no se podía desaprovechar”.

Desde el lado de la oposición se reiteró que el oficialismo no da a conocer el proyecto que tiene para la nueva terminal, el objetivo final de este negocio, y se advirtió que la ordenanza sancionada podría carecer de validez por contradecir una ley provincial.

La posición del Municipio

“Es una demanda con poco asidero jurídico”. Con estas palabras, el Secretario Legal y Técnico del Gobierno Local, Juan Patricio Fay, respondió a la presentación de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema bonaerense. “La Corte nos da un plazo para contestar (17 días); fuimos notificados hace pocos días. Estamos elaborando la contestación a la demanda”, señaló.

Además explicó que “la Corte tendrá que resolver sobre la base de las constancias que están dentro del expediente. Estimo que tienen que ser plazos no demasiados extensos, pero es difícil, las experiencias que vemos a diario sobre los tiempos que se toma la Suprema Corte para definir algunas cuestiones son bastantes extensos”.

Fay dijo que se espera que se resuelva rápido, “para tranquilidad de todos. Creemos que esta demanda está llevando una posición política a una cuestión legal, y no tiene ningún sustento”.