Son habitantes de varios barrios situados sobre la Ruta Provincial Nº52 que temen por la contaminación del agua. La firma SEGAR quiere procesar recortes de suelo que deja la perforación hidrocarburífera.
La historia tiene un condimento extra: el ex cura Carlos García, más conocido como Flecha, fue quien realizó un relevamiento entre los lugareños hace un año y medio. El actual funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano, que dejó la Iglesia en 2008, fue quien les contó acerca del emprendimiento e indagó en sus opiniones (ver aparte).
La Municipalidad de Las Heras enfrenta con esto otro foco de resistencia ambiental, apenas diez días después de la audiencia pública en Uspallata por la explotación minera de San Jorge.
En la Comuna que conduce el peronista Rubén Miranda prefirieron no hacer declaraciones sobre las dudas que tienen los lugareños de los barrios Yapeyú, Mathieu y 7 de Mayo sobre la instalación de una planta de tratamiento y destino final de los restos de suelo que deja el proceso de perforación en busca de petróleo. Diario UNO intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con funcionarios y voceros, pero no hubo respuesta.
Los cuestionamientos
Según el testimonio de los vecinos no hay explicaciones acerca de los cuidados que tendrán para que el agua del lugar no sea contaminada, pues temen que las piletas en donde se hace el procedimiento de eliminación de tóxicos no sean correctamente impermeabilizadas.
“Desde agosto del año pasado pedimos informes a la Municipalidad, pero nadie nos responde. Nos hemos reunido, pero sin explicaciones oficiales”, contó Marina Tejón, directora del Jardín Maternal del barrio Yapeyú y una de las líderes de la convocatoria entre los residentes de la zona.
Pedro Rastrilla, uno de los dueños de SEGAR, contó que “antes de hacer el estudio social se dieron talleres para explicar e informar a los habitantes de la zona”. Aunque tanto Tejón como otros vecinos afirmaron que “las visitas eran del padre Flecha”.
El emprendimiento de SEGAR encuentra resistencia no sólo en vecinos de las barriadas mencionadas, sino también en puesteros de la zona lindera al predio de seis hectáreas en donde se instalaría la planta, ubicado cerca de la antigua planta cementera Minetti.
La ONG Oikos ha señalado que existen “algunas irregularidades en los estudios de impacto ambiental”.
Para Eduardo Sosa, titular de esa organización ambiental, “faltan al menos tres dictámenes: uno de Irrigación específico sobre aguas subterráneas, un certificado de no inundabilidad del Instituto Nacional del Agua y un certificado de sismorresistencia del INPRES”.
El referente de Oikos apuntó que “uno de los informes es de la UTN y esto genera una incompatibilidad según la resolución 22/1995” .
La normativa establece que el organismo académico que debe hacer el informes de impacto a pedido de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, no puede ser el mismo que contrata la empresa.
El problema es que en marzo del año pasado SEGAR contrató a la UTN para hacer un estudio del suelo en donde se instalaría la planta. Apenas tres meses después la Secretaría de Ambiente pidió un informe a la misma entidad académica.
Sin embargo, el director de Protección Ambiental, Ricardo Debandi, desestimó las críticas y aseguró que “ya cuenta con informes sectoriales del Municipio, de Irrigación y de Hidráulica”.
El próximo lunes se realizará la audiencia pública en el gimnasio municipal del barrio Yapeyú.
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