Tras protestar frente la sede local de Gobernación y "agotar las instancias administrativas", como ellos mismos aducen, los vecinos dieron un paso más y recurrieron a la Justicia para pedir el freno del proceso. Las autoridades del Ministerio de Economía, mientras tanto, anunciaron a través de un comunicado la postergación de la apertura de los sobres para el 3 de febrero próximo "a los fines de garantizar las instancias de diálogo y la participación de los vecinos en el proyecto".

Si bien aclaran no estar en contra de los trabajos, los vecinos sostienen que "las obras terminarán con las quebradas del arroyo que es un patrimonio natural y cultural de la zona" y reclaman un proyecto alternativo al presentado por la provincia. Las reuniones que mantuvieron hasta ahora con funcionarios del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente sumaron desencuentros. Por eso, los habitantes de la zona del arroyo decidieron recurrir a la semana pasada a los Tribunales.

"Interpusimos un recurso de amparo para que la Justicia sea la que determine el freno de la licitación y así tengamos más tiempo para poder seguir dialogando con las autoridades hasta llegar a un acuerdo", explicó uno de los representantes de los vecinos, Armando Durá.

Los argumentos. El expediente se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 12, a cargo de Paula Sansó, y según explicó el abogado patrocinante de los vecinos, Jorge López Mirossevich, la magistrada "dio lugar a la solicitud y emitió el 22 de diciembre un pedido de informe que las autoridades provinciales deberán responder en cinco días".

El abogado detalló que el principal argumento del expediente apunta a que las autoridades del Ministerio de Aguas no realizaron un estudio sobre el impacto ambiental que la obra tendrá en la cascada y a que el proyecto oficial tiene en cuenta los aspectos técnicos, pero no el valor cultural que el lugar tiene para el barrio.

Además, López Mirossevich señaló que "otra de las razones de la acción es que no se ha realizado la audiencia pública que en estos procesos es obligatoria de acuerdo a la ley de ambiente provincial y nacional", y agregó que "la licitación tampoco prevé la contratación de un seguro ambiental que también es obligatorio ante la posibilidad de un daño ambiental posterior".

El patrocinante indicó que "ahora la provincia deberá responder a estos puntos ante el pedido de la Justicia", aunque celebró la decisión de la provincia de postergar la apertura de los sobres prevista para hoy. "Cuanto menor grado de confrontación haya será mejor porque los vecinos siempre han buscado la manera de solucionar el tema y llegar a un acuerdo de manera armónica", afirmó.

Gesto. La decisión de postergar el proceso licitatorio se conoció ayer a través de un comunicado donde se expresa el objetivo de la provincia de lograr mayor consenso con los vecinos del Saladillo.

"El motivo de la prórroga tiene que ver con la predisposición del gobierno de lograr mayor consenso en la comunidad sobre el proyecto", expresa el comunicado y avanza diciendo que la decisión busca que "se comprendan los alcances de la alternativa técnica elegida por la provincia como solución al problema de fondo".

También se detallan los trabajos que desataron la polémica. Se trata de un revestimiento de hormigón de 150 metros del lecho y las márgenes del arroyo y que en su tramo medio incluye una pendiente en forma de rampa con una caída leve de más de 6 metros a lo largo de 15 metros.

La transformación de la quebrada del Saladillo en esa pendiente es lo que los vecinos no aceptan argumentando que forma parte "de la historia y del patrimonio cultural del barrio".