Walter Fonseca, miembro de la Comisión Vecinal Interbarrial, informó que hicieron una presentación judicial contra el arquitecto Alberto casalli y el constructor Jerónimo Corte quienes fueron las personas que aprobaron los planos para llevar adelante el edificio y aseguró que, detrás de la obra, hay intereses particulares que mueven las cosas y existe tráfico de influencias en el tema.
El integrante de la Comisión Interbarrial afirmó que hay muchos profesionales que trabajan en la Municipalidad en ese sector y a la tarde trabajan en sus propios estudios y añadió que el arquitecto Casalli es uno de ellos. "Queremos que explique a la Justicia, en forma seria, porque aprobó un piso de más en la calle Fuerte Argentino 133", agregó.
"No es la primera vez que en el sector de obras particulares suceden cosas como esta. Recordemos que un Subsecretario fue echado por este Gobierno por desobedecer una ordenanza. Después ha habido muchas irregularidades con expedientes que no han sido aclaradas y ahora, en un lugar donde se tendrían que construir tres plantas, a un profesional y a un arquitecto no se les puede escapar que en el plano hay cuatro plantas y no tres", sostuvo Fonseca.
El vecino remarcó que lo preocupante es que la falta de profesionalismo, la falta de preocupación y desligarse de este tema diciendo que fue un error involuntario. "Esto es alarmante porque no podemos estar confiados en que las cosas que aprueba o desapruebe la Municipalidad estén correctas. Acá nadie se hace cargo de los errores que comete, son puras disculpas", añadió.
"Este error esta costando miles de dólares, porque ese piso de más pone u$S500.000 en juego. No solo para la parte privada sino porque la Municipalidad se va a tener que hacer cargo de resarcir a los vecinos que ya presentaron el pedido de nulidad", explicó el ciudadano local.
Para finalizar, comentó que la comisión vecinal ha pedido la nulidad del expediente como ha solicitado el juez Rojas y que la única vía por la cual se podía pedir la nulidad de ese expediente es a través de la presentación a los particulares.
"Eso es un castigo para los que quieren construir bien, porque no incentiva que se cumplan las ordenanzas y se trabaje como tiene que ser. Aquel que trabaja bien, ve eso y qué puede pensar", sentenció.
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