Un centenar de familias de distintos barrios de Tartagal se sumaron ayer a la usurpación que en horas del mediodía del martes iniciaron algunos referentes piqueteros en el predio de 10 hectáreas que pertenece a la firma de bienes raíces Uanini, pero que fue abonado en un 50 por ciento por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En el lugar, dos años atrás se levantó un pequeño hospital que ahora quedó en medio de la usurpación que llevan adelante decenas de familias de diferentes barrios periféricos de la ciudad.

Ayer estaba previsto que los ocupantes dialoguen con algún funcionario del Gobierno provincial, por lo que en un principio accedieron a permanecer sobre la ruta 86, pero el encuentro finalmente no se concretó.

La policía sólo mantiene en el lugar una consigna con 3 efectivos. Fuentes de la fuerza revelaron que recién en la mañana de ayer el fiscal penal Pablo Cabot ordenó que el Cuerpo de Infantería impida el ingreso de una mayor cantidad de usurpadores cuando la situación ya se había hecho incontrolable para la policía.

En el lugar hay una gran cantidad de ocupantes, muchos de los cuales se encuentran con piedras, palos y hasta bombas tipo Molotov, dispuestos a resistir el desalojo.

La situación se agrava

Lisandro Copa, jefe de la Unidad Regional N§ 4, expresó que “la situación se agrava porque se están produciendo más usurpaciones por parte de terceros que no pertenecen a los piqueteros; son gente de barrios colindantes al predio”.

Agregó que a cada uno se le está haciendo conocer, a modo de intimación, que deben retirarse del lugar, que si verdaderamente necesitan los terrenos deben gestionarlos por la vía que corresponda, no mediante la fuerza y la presión.

El oficial anunció que la causa está en manos de la Jueza Asusena Vázquez y el Fiscal Pablo Cabot.

Los piqueteros, afuera

Por su parte, los dirigentes piqueteros permanecen fuera del predio, aunque siguen en su postura de continuar con la medida y anunciaron que no cederán hasta que el Gobierno “les solucione los problema que tiene la gente”, manifestaron.

Alejandro Quiroz y Oscar Segundo, que lideran el grupo, exigen también que se ponga en funcionamiento el centro de salud, “porque mucha gente lo necesita, y también que se hagan las viviendas prometidas. Tenemos documentación que avala que las tierras las compró Schoklender, de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, y la operación está registrada en el municipio local; toda esa operación se pagó con plata del Estado, por eso estas tierras no pertenecen a terceros”, dijeron.

Por otra parte, agregaron que lo único que se perdió es la seña que dejaron -los de la Fundación representada por Schoklender -para las 20 hectáreas.