Se mostró sorprendido por lo que entiende como una pasividad inusitada de funcionarios provinciales y municipales. Durante la última sesión del Concejo Deliberante de la capital, el 17 de diciembre, el edil José Luis Avignone (UCR) había pedido que las actuaciones por la concesión del predio de Overa Pozo a la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL volvieran a comisión ya que, según dijo, el gerente de la firma, Mario Delfor Criado, "está imputado" por delitos de lesa humanidad cometidos durante la década del 70. En este lugar se construirá una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que reemplazará a Pacará Pintado, y los municipios del Gran San Miguel coincidieron en otorgar a esta empresa la explotación del nuevo espacio.

Durante la sesión, luego de las palabras del radical, el cuerpo se había mostrado dividido. Si bien el presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano (PJ), había admitido que conocía la noticia por unas copias que Avignone le había acercado, había explicado que los contratos ya estaban todos firmados, por lo que el tema no podía volver a comisión.

En un primer momento, Criado se había mostrado sorprendido ante las declaraciones de Avignone, y afirmó desconocer por completo la supuesta imputación. Luego, manifestó que se trataba de una acusación de naturaleza política que ensuciaba a su persona. Debido a esto, prometió que acudiría a la Justicia para querellar al autor de estos dichos. "Me parece un golpe bajísimo. Esta imputación ensucia mi persona gratuitamente; es una difamación. El que lo dice va a tener que responder como corresponde", había puntualizado.

"Miraron para otro lado"

"¿De qué sirvió que diera a conocer la imputación? Nadie está condenando por anticipado, pero tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia como la Legislatura miraron para otro lado", expresó Avignone. Además, añadió que en la Justicia federal suman 17 las causas en proceso de investigación, vinculadas a violaciones contra los derechos humanos, en las que Criado estaría mencionado.

"Montesquieu no contempló en la división de poderes a un cuarto poder más poderoso que el Ejecutivo, que el Legislativo y que el Judicial: el del dinero", aseveró Avignone. "Con desazón y sin encontrar explicación alguna, he podido llegar a la triste conclusión de que, a veces, el poder de algunas empresas con capacidad dineraria suficiente puede más que las ideologías, que los valores republicanos y que el respeto a la dignidad de las personas", añadió

El radical indicó que la política de Derechos Humanos que se ejecuta desde el oficialismo provincial no es la misma que se pregona desde la Nación. "La falta de sinceridad demostrada por los gobernantes locales va a contramano de la política sustentada por el Gobierno nacional", afirmó.

En este sentido, el concejal apeló a la ironía para criticar lo que interpretó como inacción de funcionarios del área de derechos humanos. "Es evidente que el diputado nacional Germán Alfaro (PJ) tenía razón cuando recientemente sugirió que el Gobierno provincial hace negocios con el bussismo", manifestó.