"Nos cuesta una fortuna en plata, en vida, en militancia, en desgaste físico mental tener que enfrentarnos a cuatro o cinco meses de que se vayan estos. ¿Le parece justo? Sé que no es un problema de justicia”. La frase corresponde a Víctor Hugo Dagfal, el hombre más visible en la resistencia contra la intención de contratar a una consultora para mejorar la recaudación de la Dirección General de Rentas (DGR).

La resistencia dio frutos, aunque reconoce que hubo varias ayudas. El Gobierno dio marcha atrás después de un mes de luchas dentro y fuera del gabinete. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) jura que los protagonistas y ganadores son los trabajadores de Rentas y Catastro, que participaron de cada acción de fuerza desde que se conoció la intención de contratar a una empresa privada para que mejore los sistemas de cobro de impuestos. Eso fue el 7 de junio en la Legislatura, de boca del ministro de Hacienda, Adrián Cerroni.

-¿Se siente ganador?

-Ganamos por los trabajadores, no por mí. Y en la Legislatura, en el peronismo, hay algunos que todavía creen en el rol del Estado. Logramos que se paralizara esto por 180 días, pero es parte de la batalla. No es el resultado final de la guerra. Por lo que dijo Cerroni en una reunión con los jefes de Rentas, la medida fue consultada con (Francisco) Pérez y (Carlos) Ciurca. También los hacemos responsables por esto.

-Sin embargo, los candidatos del PJ no defendieron el proyecto públicamente...

-Cerroni dijo: “Lo saben Pérez y Ciurca y dijeron que se avanzara en el proceso, así cuando llegaban a la Gobernación estaba todo cerrado y el costo político lo pagaba este gobierno”. Se dieron vuelta porque hay un debe y un haber. Si hubieran ido ganando, siguen adelante.

-Usted dice que la retractación del Gobierno es una batalla pero no la guerra. ¿Piensan seguir con acciones de fuerza?

-Sí. El peligro de los 180 días no lo vamos a dejar pasar. Si la fórmula gobernante gana, van a tener mayoría en las cámaras y van a tener las manos libres para hacer lo que quieran.

-¿Están tan seguros de que es una privatización?

-Vimos lo de Córdoba, Corrientes, lo de San Luis (N de la R: en esas provincias también funciona un sistema similar al que propuso el Ejecutivo mendocino). Corrientes es el ejemplo más brutal. Un legislador justicialista denunció todo lo que hizo la empresa y todo lo que se embolsó: 70 millones de pesos. Y Corrientes es mucho más chica que Mendoza. Nuestra provincia recauda 2.300 millones de pesos entre todos los impuestos. Creemos que esto es un negociado.

-¿En qué se basa para hacer esta afirmación?

-Vemos el proceso. Hasta el año 2007, éramos la provincia récord del país. Y no estoy defendiendo al gobierno radical. En 2008 empezó a caer la recaudación, con un país en crecimiento. Han hecho lo que han querido en la DGR. Ha sido un desmantelamiento exprofeso, como se hizo con el grupo 2, como la vieja receta neoliberal: se destruye, se justifica que no funciona y se privatiza.

-Volvamos al proceso que visualizan.

-En 2008 logramos que la Legislatura aprobara una ley por la que se daba la posibilidad de nombrar a 50 personas en Rentas. Eran seis millones de pesos. No la aplicaron. A poco tiempo de asumir, Cazabán le da la orden a (Alicia) Chacón, que era la directora de Rentas, al ministro de Hacienda, al asesor de gabinete Héctor Vega y a dos empleados de Rentas, entre ellos el actual director (Rodolfo Quiroga), ir a ver el milagro cordobés y correntino. Hicimos asamblea y lo frenaron. Ahora lo desfrizaron.

-De todos modos, Rentas parece no funcionar adecuadamente...

-Cuando saltó el decreto por el que se llama a licitación, empezó a saltar la podredumbre, porque los compañeros empiezan a decirnos que no los dejan ir a inspeccionar a Las Leñas, no los dejan verificar el gas y el petróleo... Están pintados los compañeros. Hay tres vehículos rotos en inspección, se nos acaba el tóner, se nos acaba el papel, la gente se va jubilando con la misma clase que tiene hace 20 años y no la reemplazan.

-Otra defensa a la consultoría que hizo Cerroni en varias oportunidades, es que los empleados se comprometieron a desarrollar software propio y nunca lo hicieron...

-Miente Cerroni, como miente el Gobierno. Para hacer un desarrollo de software hacen falta elementos. Con lo que hay no alcanza para el desarrollo de un software monstruoso que atiende a cerca de 2 millones de sujetos pasivos. Rentas necesita técnicos bien pagos.

¿Sitea ha hecho alguna estimación de lo que costaría la consultoría que impulsaba el Gobierno?

-Un negocio de 70 millones de pesos que lo van a hacer poniendo más empleados, mejorando los sistemas, comprando tóner, papel y vehículos, aplicando el Código Fiscal, controlando como tiene que hacerse. O sea, lo que tendríamos que hacer nosotros, pero que no podemos porque no tenemos los elementos. Después de tres años de gobierno, después de hacer y deshacer lo que les cantó en Rentas, no pueden echarle la culpa a 385 empleados de que la recaudación está baja. Son incapaces o lo hicieron adrede para justificar la privatización