Si bien el Código Penal estipula que la condena puede ser reemplazada por tareas comunitarias cuando la pena máxima no exceda los tres años de prisión, la fiscal y los jueces entendieron que en esta causa no corresponde la probatión o suspensión del juicio por la gravedad del delito que se juzga. “Se trató más bien de una maniobra dilatoria de la defensa del acusado”, indicaron fuentes del caso.

En consecuencia, Juan Alberto B. (37) será juzgado por cuatro cargos de “abuso sexual simple agravado por la tenencia de la guarda”, lo que podría arrojar una pena de tres a diez años de prisión.

Luego de la denuncia, las presuntas víctimas fueron derivadas a otras instituciones o ubicadas con familiares. La más pequeña, quien actualmente tiene 9 años, fue ALOJADA en la Comunidad San Patricio, donde meses atrás pretendió quitarse la vida.

La gravedad del caso conmocionó a los responsables del lugar y decidieron avanzar en la causa judicial, al tiempo que reclamaron que las autoridades municipales arbitren los medios para proteger a las criaturas que residen en el Mitaí.

Jim Curran, fundador del grupo Vía del Señor y responsable de la Comunidad San Patricio, reconoció su “tristeza e impotencia al ver como una niña de tan sólo 9 años haya sufrido terribles crisis nerviosas y emocionales a causa del presunto abuso, y tenemos entendido que las otras niñas sufrieron crisis similares”.

En una carta remitida al intendente Ewaldo Rindfleisch, indicó que la pequeña fue maltratada primero por su madre y después en el Hogar Mitaí, donde fue ALOJADA  para estar “a salvo de las torturas de su madre, por lo que ella y las otras niñas abusadas son víctimas por partida doble”.

Hogar del horror

Curran aseguró que la criatura no tiene el comportamiento de una nena de su edad y en reiteradas ocasiones expresó su deseo de quitarse la vida. “Según la psicóloga que atendió su causa, una nena de esa edad no podría inventar jamás con tanto detalle todo lo que ella contó sobre lo que este hombre presuntamente le hizo en el hogar”, indicó.

Curran es reconocido por su obra solidaria en Oberá y se puso al frente del reclamo de las presuntas víctimas, ya que “estas niñas abusadas no tienen a nadie que pida justicia por ellas y sobre todo considerando que dos de las cuatro niñas abusadas son sordomudas”, al tiempo que instó a las autoridades “para que nos ayuden a que evitemos que estas historias se repitan y envenenen el alma de más niños inocentes”.

El acusado es el esposo de quien fuera la encargada del Hogar Mitaí, institución que depende de la Municipalidad de Oberá. El hombre residía en el lugar junto a su familia y habría aprovechado la situación de vulnerabilidad e indefensión de las criaturas que lo señalaron como responsable de las vejaciones que padecieron entre diciembre del 2010 y marzo de 2011.

La denuncia fue radicada el 4 de marzo del 2011 por la psicóloga Viviana B., quien entonces trabajaba en la institución. La propia justicia deriva a los chicos al Hogar Mitaí ante problemas familiares, de violencia y todo tipo de abuso.

Las presuntas víctimas son nenas que al momento de la denuncia tenían 5, 11, 17 y 18 años, las dos mayores padecen diferentes grados de discapacidad que la hacían aún más vulnerables.

Según las pequeñas, la esposa del sujeto no habría sido ajena a los hechos, lo que deberá ser probado en el debate oral ante los jueces. La mujer fue identificada como Elida F., quien actualmente cumple funciones en otra área de la comuna.