"Luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar ordenó la persecución de los miembros del Gobierno que integré. Se me prohibió el ejercicio de mi profesión y se tomaron otras medidas como allanar mi estudio jurídico y destruirlo totalmente. Se ordenó mi captura nacional e internacional. Fui víctima de la dictadura militar. Yo era parte del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Respecto de quién inició la escalada de violencia, es un tema de interpretación histórica. Uno interpreta que comenzó durante el gobierno de facto anterior, con la proscripción del peronismo. Tengo mi propia opinión. El cumplimiento de las órdenes en el decreto 261/75 (Operativo Independencia) tenía que hacerse en el marco de la ley. Los proyectos de ley que se enviaron en ese momento al Parlamento describían todas esas acciones. El accionar militar estaba supeditado al Poder Judicial y a los límites de las leyes. Tiempo después, a partir de los conocimientos que tuve de los medios empleados, afirmo que el accionar fue ilegal".