El fiscal de Estado, Pedro Giúdice, reconoció ayer que es poco lo que puede decirse sobre la audiencia de conciliación a la que llamó la Corte Suprema de Justicia.
El Gobierno, según el funcionario, asistirá con la mejor buena voluntad. No obstante, advirtió que es muy prematuro conjeturar sobre la posibilidad de que la Provincia (es la parte demandada) pueda desistir de algún punto que cuestionó de la sentencia por la que la Corte, el 8 de setiembre, declaró inconstitucionales normas de la Carta Magna reformada en 2006. “Esto no es fácil y es muy complejo adelantar una opinión sobre esto, más cuando hay un fallo que fue recurrido”, subrayó.
Las vacancias
Giúdice destacó que, por la imposibilidad de integrar el Consejo Asesor de la Magistratura, el telón de fondo es una dificultad de gran trascendencia institucional: la cobertura de las numerosas vacantes que hay en la Justicia.
“Si esto no tiene solución, puede generar un problema, porque está en trámite de jubilarse casi la mitad de la planta del Poder Judicial. Esa situación ya amerita sentarnos a charlar sobre una posible salida. Por eso, puede ser una avanzada de la Corte, en el sentido de tratar de buscar, por otros medios no estrictamente judiciales, alguna solución”, recalcó.
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