El directivo del organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), vino a Salta a los fines de comprobar "in situ" el proceso de regularización de los citados lotes fiscales, que aglutina a alrededor de 52 comunidades indígenas y casi 500 familias criollas.

Álvarez Icaza resaltó la decisión política tomada para mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte provincial. Se mostró impresionado por el trabajo llevado adelante en la zona a través del Fondo de Reparación y de la Unidad Ejecutora Provincial.

Por su parte la ministra de Derechos Humanos, María Pace quien recibió el viernes al secretario ejecutivo de la CIDH, manifestó que "el gobernador dio instrucciones para que el conflicto ancestral se resuelva y los títulos de las tierras sean entregados a las comunidades y a las familias criollas".

Cabe consignar que el gobierno provincial abrió un proceso de diálogo entre las partes para llegar a soluciones luego de años de diferendos entre comunidades criollas y aborígenes de este sector del departamento Rivadavia. De esta manera, se establecieron negociaciones que posibilitaron llegar a los primeros acuerdos y de esta manera regularizar la situación.

Con ello asimismo el gobierno salteño, al igual que el del orden nacional se evita una condena internacional, debido al retraso en el reconocimiento del derecho a la propiedad de la tierra indígena, a raíz de una presentación que hubo en 2005, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, ante precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.