El proyecto de ley que incorpora la denominada boleta única digital (BUD) a los comicios en Santa Fe, presentado en septiembre pasado en la Cámara baja provincial, sumó el guiño de Ejercicio Ciudadano. Para la organización no partidaria, la iniciativa del oficialismo “pretende mejorar” el sistema de votación vigente desde 2011 “incorporando tecnología en algunas de las fases del proceso electoral”. No obstante, instó a someterla a una “amplia discusión pública”.

La propuesta del diputado provincial Eduardo Di Pollina (Frente Progresista Cívico y Social, FPCyS) apunta a sumar tecnología aún inédita en los comicios santafesinos, de la mano de un sistema que garantice rapidez, seguridad e integridad del voto.

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También busca la soberanía política ya que, a diferencia de los procedimientos electrónicos utilizados meses atrás en Salta y en la Capital Federal, elude la transferencia de las competencias de los poderes públicos a empresas comerciales. Al respecto, Ejercicio Ciudadano indicó: “En base a nuestro histórico posicionamiento, todo proyecto de reforma de reglas electorales y políticas debe tener una amplia discusión pública, con participación ciudadana, de los partidos y de los referentes de la sociedad civil. Es el único modo de lograr los consensos necesarios para fortalecer las instituciones democráticas”. Acerca de la BUD, la organización señaló que la iniciativa “afirma y pretende mejorar el sistema de votación vigente en Santa Fe, la boleta única, incorporando tecnología en algunas de las fases del proceso electoral”. Y destacó la utilización de medios digitales para su diseño e impresión en papel, pero “sin incorporar aditamentos electrónicos, como un chip, para su almacenamiento”.

En ese sentido, Ejercicio Ciudadano también avaló el hecho de que “la lectura del soporte en papel cuente con un código de barras que permitirá computar digitalmente, por lo que su adulteración por terceros es inviable”, además de propiciar la reducción del “error humano”.

Según la organización, también es clave que, a través del proyecto, “el Estado garantice la provisión de la oferta electoral completa”, en contraste con las iniciativas existentes en la Legislatura provincial y las recientes experiencias en la Capital Federal y en Salta, donde los poderes públicos transfirieron competencias a una empresa comercial.