Hay que remarcar algo: las proyecciones de gradual agravamiento del déficit previsional a partir de 2014 no plantean nada sobre cómo financiarlo. Este año, la Nación debe aportar 1.100 millones de pesos para cubrir un desequilibrio estimado en 1.500 millones (el estudio actuarial calcula una cifra menor porque proyectó el ejercicio 2010; es decir, no consideró los aumentos salariales y de haberes de este año). Hasta ahora, la Nación no envió un solo peso. Y el compromiso de hacerlo vence el 31 
de diciembre. O sea: la crisis de la Caja puede descerrajarse mucho antes de lo que se predice, por el solo hecho de que la Nación no cumpla lo firmado o no renueve su compromiso.

Esa extrema debilidad por doble vía (razones políticas y estructurales) ha sido alertada una y otra vez por el actual Gobierno provincial a los partidos políticos de Córdoba. A cualquiera de los futuros gobernadores, la cuestión le puede estallar en las manos. Y difícilmente tenga el poder político suficiente para hacer cambios que sólo todos juntos pueden encarar.

Hasta ahora, todos han preferido tirar la pelota afuera. Unos dicen que hay que aumentar los activos, como si una mayor cantidad de empleados estatales no tuviera que ser pagada por el mismo Estado en déficit. Otros dicen que hay que exigir a la Nación que devuelva impuestos coparticipables alguna vez cedidos a la Anses, como si Córdoba tuviera poder político para 
lograrlo y como si esos fondos (que son de todos los cordobeses) no tuvieran mejor destino que pagar haberes que en muchos casos son superiores al sueldo neto de los empleados públicos y al promedio salarial de los cordobeses del 
sector privado.

En Córdoba hay unos 420 mil jubilados nacionales y sólo 90 mil jubilados estatales provinciales. Una oceánica mayoría de los primeros cobra la mínima de 1.227,78 pesos. Los segundos cobran un promedio de 5.500. Sin embargo, los primeros subsidian a los segundos cuando pagan impuestos provinciales.