Las usurpaciones de propiedades es moneda corriente en Junín, a raíz de la falta de vivienda. Pero en estos últimos tiempos, la situación se vio agravada por la violencia desatada en los desalojos y la resistencia de las familias que ocupan estas casas, muchas veces compuestas por varios hijos menores de edad.

Andrés Rosa, director de Asistencia a la Víctima del municipio, señaló que el tema debe ser analizado en el contexto de incremento de la pobreza que vive el país; a la vez que criticó duramente las políticas de seguridad a nivel provincial y nacional, porque se desarrollan sin la fundamentación de estadísticas ciertas.

“No sé si se incrementaron las usurpaciones, pero desde lo social hay tres datos para contextualizar este tema y la violencia en general. Tenemos entre 27 y 30% de pobreza estructural, un 34% de trabajo informal y se calculan un millón y medio de jóvenes que no trabaja ni estudia. Es la tercera generación que no ha visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar con alguna continuidad. Esto seguramente es lo que nos dejó la década del ’90, con la precarización del trabajo y el desempleo, además de los chicos que se han desenganchado del mundo laboral”, indicó Rosa.

El funcionario municipal remarcó que “en esta última década, se ve claramente el aumento cómo se agudizó el tema de la venta de droga en los barrios y mayor acceso a las armas”.

“En el caso de usurpaciones, mucha gente no ve caminos alternativos. Estamos en esta situación, con una economía que no produce empleos y uno de los desafíos de la clase dirigente es cómo transformar en más equitativa esta sociedad, que hoy muestra signos claros de desigualdades, que se traducen en toma de propiedades por ejemplo”, agregó.

A la vez, subrayó que “estos casos no deben abordarse desde el sistema penal o aplicarse la fuerza de la seguridad, sino ver este contexto y adoptar medidas de conciliación y mediación”.

Judiciales

Con respecto a los derechos de los propietarios, Rosa dijo que “en el último caso, dialogué con ambas partes por separado, y la situación se está resolviendo. No es sencillo, pero tratamos de tener una mirada más amplia de la cuestión”.

“Me tocó a mí intervenir, pero habría que dar un debate sobre el sistema judicial y replantear el rol del Ministerio Público Fiscal”, agregó.

El director municipal indicó que “mirar estas situaciones y juzgarlas desde un escritorio es distinto a verlas en el lugar, porque uno adjunta experiencia para no sumar violencia a un hecho que ya es violento”.

“A menudo hablamos de familias con muchos hijos, así que la primera intención es resolver por la vía pacífica. A veces no se logra en horas ni días, pero cada caso es distinto”, precisó.

Más violencia

Por otra parte, en cuanto a la inseguridad reinante, Andrés Rosa precisó que “en Junín no puede ser una isla de lo que está pasando en el resto del país, en el conurbano donde volvió el tema de los secuestros”.

“Es una situación muy complicada, se gestiona la seguridad a ciegas: no hay observatorios ni datos a nivel provincial o nacional. Sin estadísticas ni números o diagnósticos es muy difícil superar, así que cuando escucho a algún ministro me pregunto de dónde toman los datos para decir que bajó el delito”, agregó.

El funcionario remarcó que “hay algunos que consideran que la seguridad es una cuestión policial, por eso postulan más policías formados en cuatro meses en la calle y más videovigilancia, cuando en realidad en la provincia no se conocen los números del delito callejero ni de redes complejas. Por eso no hay estrategias serias de prevención en seguridad”.

Destruyen una casa para

evitar nuevas ocupaciones

Tras el enfrentamiento ocurrido la semana pasada en la esquina de Alem y Borges, en pleno barrio Pueblo Nuevo, uno de los sectores de la ciudad con más viviendas desocupadas y usurpadas, los propietarios de la vivienda decidieron destruirla para evitar nuevas ocupaciones.

Tal como había trascendido, hace unos días un móvil de la Comisaría Primera llegó al lugar tras la denuncia del ingreso ilegal a la casa por parte de un grupo de personas. Al llegar e intentar identificar a las personas que estaban adentro de la casa, ubicada a metros de la esquina con Sarmiento por calle Borges, fueron recibidos desde el interior con piedrazos.

Los efectivos decidieron ingresar a la casa para controlar la situación, pero se encontraron con la férrea resistencia de los ocupantes, quines con piñas y patadas emprendieron una ofensiva contra los sorprendidos agentes.

Finalmente, lograron aprehender a cuatro personas mayores de edad, entre las que había una embarazada. La mujer fue una de las que agredió al personal policial cuando éstos ingresaron a la vivienda.