Es un gran descampado con frente de tres cuadras aproximadamente sobre calle Irene Curie casi calle El Pino, al sureste de la ciudad de San Rafael, al sur del Polideportivo Municipal N° 2 y de unos 40 metros de fondo.

En los días de frío el ambiente parece convertirse en más desierto e inhóspito y las bajas temperaturas se hacen sentir en forma rigurosa. Es en ese lugar donde unas 30 familias se han afincado desde hace unos 30 días en precarios refugios de nylon y bolsas.

"Queremos pagar el terreno", dicen. "Podemos hacernos cargo de unos 200 ó 300 pesos por mes. No somos usurpadores. Este terreno hace décadas que está baldío y tenemos entendido que su dueño ha muerto", dicen seguros de tener el derecho de ocupar ese predio.

En medio de una febril labor por alambrar cada "lote" dibujado sobre el terreno por ellos mismos, corren decenas de niños de corta edad. Algunos con evidentes signos de estar prácticamente al aire libre desde hace casi un mes, cuando llegaron con sus padres (la mayoría madres solas) de otras barriadas sanrafaelinas.

Hay gente del barrio lindero Cruz del Sur, de Villa Laredo, un barrio conflictivo del oeste de la ciudad como el barrio Constitución y de otros lugares.

Las razones que invocan son varias y una de ellas es que algunos están inscriptos en el IPV desde 2000 y "nunca pasó nada. A otros que son más nuevos les dieron casas".

Cuando llegaron, decidieron hacer una zanja en la calle (enripiada), se conectaron a la red de agua potable e instalaron una canilla de uso común. "Aysam vino, miró y nos dijo que no cortaría el agua, por una cuestión humanitaria".

Sin embargo, éste es el punto que más irrita a los vecinos de las barriadas linderas donde hay lotes que, por problemas en los papeles, no pueden acceder al agua potable y deben depender de la buena voluntad de los vecinos que sí están conectados, para obtener el agua.

Las gestiones

Los propietarios, la familia Chernikoff, hicieron una presentación en la Fiscalía Penal de Menores, a cargo de la doctora Alejandra Becerra. La letrada explicó a Los Andes que no corresponde a esa Fiscalía actuar en este caso porque sólo lo hace si hay menores que delinquen y ahí sólo hay menores con sus padres.

Tampoco sería una usurpación penal y correspondería una acción civil, por parte del propietario, por desalojo o exclusión". Ante otras consultas se pudo establecer que tampoco tienen competencia los Juzgados de Familia porque se considera que los chicos, mientras habiten con sus padres, no están en riesgo.

En el caso de que haya un desalojo y se compruebe que los niños quedan desprotegidos, recién podría intervenir el órgano judicial conocido como Dinaf (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) luego de una denuncia de la Policía o algún particular.

En definitiva, la resolución del conflicto social que significaría esta situación debería ser analizada por alguna de las áreas municipales como Acción Social que aún no ha intervenido, según palabras de su propio titular, Jorge Pizarro.

Se pudo conocer extraoficialmente que existen reuniones en ámbitos de la Secretaría de Gobierno municipal a cargo de Paulo Campi, para buscar una solución habitacional a estas familias. Entre esas gestiones habrían existido entrevistas con los propietarios del predio y se estaría realizando una evaluación, caso por caso, de las familias que ocupan el terreno.