La decisión del Gobierno de restringir la difusión de los llamados a licitación pública en los medios de mayor tiraje provocó la reacción de la senadora nacional, Delia Pinchetti de Sierra Morales (FR).

"El lunes -dijo-, promoveré una declaración de repudio por parte del Senado de la Nación en contra de la Ley 8.175, por medio de la cual el Gobierno provincial dispuso que ya no tiene obligación de garantizar la difusión de los llamados a licitaciones públicas para la contratación de bienes y servicios con fondos del Estado".

La norma establecía que los llamados a licitación debían ser difundidos mediante avisos publicados (durante cuatro días) en el Boletín Oficial y, por lo menos, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. En cambio, ahora se determina que la difusión obligatoria será la que se haga en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del PE. "Se trata de una disposición inconstitucional, por cuanto incumple con postulados de la Constitución de la provincia (artículo 12) y con los tratados internacionales como la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que fue ratificada por Argentina mediante la Ley 24.759. Es la antítesis misma del principio republicano de publicación de los actos de Gobierno", remarcó.

El manejo de los fondos

"Alperovich se confunde peligrosamente cuando cree que le asiste el derecho de elegir si publicar o no los llamados a licitaciones públicas del Gobierno. Está obligado -dijo-, por leyes y constituciones, a informar de manera masiva qué es lo que hace con los dineros del pueblo, por cuánto él es un administrador de esos bienes -resaltó- y de ninguna manera es el propietario del erario público".

"Pero tanto o más peligrosa que la promulgación de esta ley resultan las declaraciones del gobernador -advirtió la senadora-, en las cuáles manifiesta que él mismo ha impulsado esta modificación en directo desmedro del diario LA GACETA. Esas manifestaciones de Alperovich -añadió- son la confirmación de que el Estado, ahora usa a los poderes políticos con la irracional finalidad de dictar leyes en contra de las personas: en este caso, de una persona legal como es el diario LA GACETA. Semejante confesión -precisó- hace patente la inadmisible desviación institucional de Tucumán".

"Esta situación expresada por Alperovich representa un manifiesto intento por perjudicar a un medio de prensa -precisó-, de probada trayectoria y objetividad, con las más espurias finalidades. Estas acciones -insistió- persiguen como objetivo final el coartar su libertad para informar. Estamos en presencia -afirmó- de un evidente atentado contra la libertad de prensa; por eso haré la correspondiente denuncia en el Senado nacional".

"Es una perversa intención de trasladar -señaló- a los medios la responsabilidad por el incumplimiento de sus deberes".