Este sábado sesionaron en el Colegio de Abogados de Gualeguaychú asambleístas de Misiones, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, norte de Buenos Aires, por parte de Argentina, y de Fray Bentos, Montevideo y Young por el lado oriental. El asambleísta de Gualeguaychú Juan Veronesi, manifestó que en el encuentro “surgieron varios temas como el fracking, el tema nuclear, la judicialización de las protestas ambientales, los agrotóxicos, lógicamente las pasteras”. 

“El sentir común es que estamos en una lucha sin armas, enfrentando problemas en todas las regiones por la entrega que hay por parte de los gobiernos a algunos proyectos sin evaluar otras alteranativas, como las represas que nos dicen que deben aceptarse a toda costa sin pensar en propuestas alternativas de energía” describió el ambientalista. 

“O se cambia el modelo de producción de energía, o seguimos cada vez con más contaminación”, dijo Veronesi, quien informó asimismo que “estamos repartiendo documentos a los dirigentes políticos que quieren gobernarnos tanto en Uruguay como en Argentina, para ver si van a seguir con los actuales modelos que descuidan el bien común que es la naturaleza, o consideran otro tipo de producción”. Acto seguido, Veronesi adelantó que el 20 de noviembre en Puerto Madryn se hará la reunión de asambleas ambientales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. 

"Uruguay no le puede decir que no a Botnia" 

A la reunión en Gualeguaychú llegó el fiscal uruguayo Enrique Viana, quien elogió las movilizaciones ciudadanas en defensa del medio ambiente. “No hay ciudadanos si no hay república. Si no velamos porque nuestros estados republicanos no sean destruidos y se conviertan en meros sirvientes de intereses privados, si dejamos disolver esos resortes tan importantes, no seremos ciudadanos sino plebeyos como en la edad media. Cualquier intento por defender el territorio, el medio ambiente, la vida, debe partir de la reconstrucción del estado republicano”, dijo el fiscal en el programa radial de la Asamblea Ciudadana Ambiental. 

“El derecho ambiental es un regreso al derecho a la vida, debe ser un mecanismo para proteger al habitante de los perjuicios que pueden causar ciertas formas de desarrollo”, manifestó el alto funcionario judicial uruguayo. En ese sentido, remarcó que “en el Uruguay precedieron a los daños ambientales una serie de negocios jurídicos, una ingeniería jurídica que dejó al Uruguay sin un escudo protector. Primero se disolvió la soberanía nacional para que este tipo de empresas se instalara con un manto de impunidad para hacer y deshacer en el territorio nacional”. 

Agregó que “se firman contratos secretos, un estado republicano que debe dar cuenta de sus actos realiza negociaciones a escondidas. Uruguay no le puede decir que no a Botnia. Quizás uno de los grandes errores que cometió la Argentina, fue creer que era un conflicto entre dos estados. Y es un conflicto que va mucho más allá y hay un tercer sujeto más poderoso que los Estados, que es la propia empresa. No hemos descubierto si Uruguay firmó un contrato de inversión. Y Uruguay no le puede decir que no a la empresa, que en ese caso puede reclamar en organismos internacionales el lucro cesante”. (Máxima online)