Los profesionales de la salud que hayan expresado su objeción de conciencia y se nieguen a realizar el tratamiento pueden llegar a verse obligados a hacerlo igual, si es que no consiguen otro médico o institución que lo realice en su lugar. De lo contrario, puede configurarse el delito de omisión de asistencia, según la declaración de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.

Si no se logra la derivación, "no cabe la objeción ya que prima el derecho del paciente, y un abogado podría interpretar que hubo omisión de asistencia. Es su responsabilidad", afirmó el ginecólogo Francisco Cóppola, integrante del Comité de Salud Sexual y Reproductiva.

"La objeción de conciencia es un derecho que debe ser muy bien utilizado y cuidadosamente fundamentado. No es un pronunciamiento que se pueda hacer a la ligera", aclaró sin embargo Cóppola.

Tras esa aclaración, también aseguró que los objetores "no deberían ser jefes porque tienen el compromiso de asegurar todos los servicios que la ley manda", por lo que también podrían ver frustadas sus carreras.