La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, y conminó a resarcir a Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García.
Las consideraciones de López Goldaracena, que también es senador suplente por la coalición gobernante Frente Amplio, fueron publicadas en la página web de la Presidencia del Uruguay.
Según la CIDH, la Ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".
El fallo, derivado de la presentación del caso Gelman ante la Corte, establece que "el Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y -en su caso- entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación".
Por otra parte, indica que Macarena Gelman deberá recibir 300.000 dólares por "lucro cesante como heredera", 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y 5.000 dólares por gastos por la búsqueda de la verdad.
María Claudia, madre de Macarena y nuera del poeta argentino Juan Gelman, fue secuestrada, embarazada, en Buenos Aires en 1976 y trasladada ilegalmente a Montevideo en virtud del Plan Cóndor, que coordinó la represión durante los regímenes militares del Cono Sur en las deácads de los años 70 y 80. Tras dar a luz en cautiverio a Macarena, García fue ejecutada y sus restos permanecen desde entonces desaparecidos. Su hija fue entregada a un policía en Montevideo, con quien se crió hasta los 23 años, cuando fue localizada por su abuelo y recuperó su verdadera identidad.
El padre de Macarena y esposo de María Claudia, Marcelo Gelman, fue asesinado y enterrado como NN en Buenos Aires, donde sus restos fueron hallados e identificados en 1989.
La Ley de Caducidad, llamada también "de impunidad", fue aprobada en 1986 tras la reinstalación de la democracia, y ratificada en dos plebiscitos, en 1989 y 2009, aunque ya cuenta con media sanción parlamentaria un proyecto de ley para su anulación.
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