, dando cuenta que ante esta decisión “el derecho a trabajar en la provincia del Chaco pertenece a unos, mientras que los BOCEP y Retirados del Banco del Chaco SEM están excluidos de la posibilidad de ejercer este derecho constitucional”.

Asimismo dejó en evidencia que en la mesa de negociación no se encuentran todos los actores y los “convidados de piedra” fueron justamente quienes desempeñan funciones en el Insssep y se encuentran encuadrados en las leyes 5495 y 5496.

Lo sucedido con estos trabajadores hizo que reflexionara sobre la función de las asociaciones sindicales, poniendo en tela de juicio la actitud de algunos sectores quienes deben analizar si su función es la de “defender a los trabajadores o atacarlos y excluirlos del sistema”.

Consecuencias nefastas

Además manifestó que “en esta última semana la sociedad chaqueña ha sido un mudo testigo de las consecuencias nefastas que ha tenido para los afiliados a la obra social del Insssep la paralización de los servicios, pero lo que no se puede ignorar es que el reclamo se centraba en que se los ‘eche a los BOCEP y retirados del Banco del Chaco SEM’, tal como rezaban los carteles puesto a la entrada del edificio de la obra social”.

Para Niz “todo lo reclamado, resulta atentatorio del derecho a trabajar y el derecho a la igualdad ante la ley, y se priva a un sector de trabajadores de la posibilidad de ganarse dignamente su sustento. Los BOCEP y los retirados del Banco del Chaco SEM, son un grupo de trabajadores que no llegan a cien personas que cumplen funciones en el Insssep. Cada uno de ellos presta servicios en función de un instrumento legal dictado por el Directorio y se encuentran avalados por sus jefes de área que han elevado los informes correspondientes en los que han manifestado formalmente las necesidades institucionales de este recurso humano”.

Sin costos

El dirigente explicó que el sueldo básico de ese personal no llega a la suma de 1.200 pesos y son pagados con los fondos de rentas generales, es decir que al Insssep no le cuestan nada. “Además la ley no establece la obligatoriedad de que los retirados deban prestar servicios en sus lugares de origen, sino que es la autoridad de aplicación, es decir el Insssep, es el que debe asignar los lugares de prestación en cualquier área del sector público”.

Niz advirtió que “todo acuerdo en el que se pretenda echar a los BOCEP o retirados del Banco del Chaco SEM, pone claramente sobre la mesa, una concepción ideológica y amerita que nos preguntemos: ¿no basta con que la patronal desconozca los derechos de los trabajadores que ahora también se suman los sindicatos del sector, que abusan de sus derechos y perjudican con sus acciones a sus propios compañeros de trabajo?”.

Por último llamó a la reflexión del resto de los trabajadores estatales recordando que “hoy van tras los Bocep, y mañana quién será”.