Mientras que la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) decidió acatar la conciliación obligatoria dictada por la autoridad labora y dejar así en suspenso el paro de tres días que tenía previsto concretar a partir de mañana, el Sindicato de Empleados Judiciales informó que llevará a cabo una asamblea para evaluar si realiza o no medidas de fuerza esta semana.
Además planteó que “a pesar de las desprolijidades en que incurre el gobierno provincial en cuanto al tratamiento de las cuestiones planteadas por los trabajadores, una vez más demostramos nuestra vocación de diálogo, y esperamos que en esa ámbito institucional se dé solución a los puntos de conflicto que motivaron el plan de lucha de UPCP”.
En este sentido Niz sostuvo que “el Poder Ejecutivo deberá formular la propuesta de solución, dado que de otra manera este procedimiento solamente será un mecanismo de dilación más, utilizado para no cumplir con las actas y acuerdos suscriptos oportunamente”. La audiencia de conciliación está fijada para el jueves próximo a las 10.
Judiciales decepcionados
Por su parte, la secretaria general del SEJCH, Graciela Aranda, pidió “justicia para los trabajadores judiciales”, y lamentó que ninguno de los tres poderes del Estado esté dando respuestas a las demandas salariales del sector.
La dirigente gremial dice que el malestar del personal de los juzgados se hizo ver en “el altísimo acatamiento que tuvo el paro de los dias jueves y viernes pasados”.
“El trabajador judicial está cansado de soportar la constante discriminación que sufre el sector, en alusión a que no puede ser que no se valore ni respete la labor diaria que realiza. A pesar de lo que se declama sobre la importancia de la función que cumple el Poder Judicial dentro del sistema republicano, sus principales baluartes, que son sus trabajadores, continúan siendo ignorado”, cuestionó.
Como prueba de ello mencionó que no se hizo lugar al planteo de recomposición salarial elevado por el gremio y que la Legislatura tampoco trrató la semana pasada el proyecto de elevación de las tasas judiciales para financiar mejoras laborales.


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