La semana pasada el Ministerio de Salud realizó una denuncia penal a fin de determinar la posible comisión de delitos contra la propiedad y defraudaciones en perjuicio de la administración pública relacionadas con una alteración en registros informáticos de la Secretaría de Salud. La denuncia apunta a determinar si hubo empleados que alteraron los registros de entrada y salida del personal.

Al respecto, la dirigente de UPCN dijo que si bien intentaron dialogar con varios funcionarios para obtener información al respecto, todavía no lograron “recabar información suficiente para evaluar el impacto de las irregularidades que denunció el Ministerio de Salud”.

En este marco, decidieron solicitar una audiencia con el Ministro debido a que “toda esta situación causa malestar entre los trabajadores de Salud y el desconocimiento sobre lo que está sucediendo genera una gran incertidumbre”. El pedido de reunión se presentará este martes.

Tras señalar que “sería un paso importante poder tener más datos para saber qué es lo que sucedió”, remarcó: “Parece que el problema está en el sistema de ingreso y egreso del personal, en el control de entrada y salida del trabajo, en el dispositivo para marcar tarjeta”. En tal sentido, dijo que tienen conocimiento que tal aparato “ha tenido varias dificultades técnicas”.

Consultada por esta Agencia, Carina Domínguez señaló que desconoce contra quién o quiénes él Ministerio presentó la denuncia formal: “Es poca la información que circula y esto genera un gran malestar y una gran intranquilidad entre los trabajadores”. Y añadió: “No tenemos conocimiento de que alguien haya sido notificado formalmente en el marco de este proceso judicial”.

“Tampoco sabemos si el problema viene desde hace tiempo o se originó recientemente, ni si hubo algo que desató una situación que hoy no se está conociendo”, acotó la dirigente.

“Hacer una denuncia pública dando cuenta de una denuncia penal y no tener precisiones pone en situación de sospecha a mucha gente, lo cual nos preocupa como sindicato”, manifestó.

“Entendemos que hay que tener ciertos recaudos para no entorpecer la investigación. Pero también creemos que los trabajadores tienen derecho a conocer de qué se trata”, sostuvo.

Por último, aclaró: “No nos oponemos a que se investigue aquello que deba investigarse, pero tampoco todos los trabajadores pueden quedar bajo sospecha”