El intendente de la localidad de Unquillo, Germán Jalil, le pidió al Gobierno provincial que le adelante lo que le corresponda de coparticipación con el objetivo de completar el pago de un millonario juicio laboral que ha puesto en jaque las finanzas de la Municipalidad.

Se trata de una demanda que le iniciaron al municipio unquillense, hace varios años, cinco profesionales médicas que se desempeñaban en el Hospital de Unquillo y que se dieron por despedidas cuando la actual gestión las intimó a que firmaran un contrato laboral, según explicó el intendente Jalil, un radical que forja lazos políticos con el juecismo.

Con costas e intereses, la sentencia llegó a la cifra de 1,8 millón de pesos. Y puso en vilo a la administración que tiene un presupuesto anual de 20 millones de pesos.

El año pasado Jalil logró pagar 1,1 millón de pesos, pero ahora debe abonar poco más de 700 mil pesos restantes y acudió a la Provincia.

"Tenemos las cuentas ordenadas –explicó el unquillense– pero un juicio de estas características complica cualquier administración municipal, por eso le hemos pedido al Gobierno provincial que nos adelante la coparticipación, como lo hizo con la Municipalidad de Córdoba en diciembre". En esa ocasión, la Provincia concedió un adelanto de 20 millones de pesos a devolver en seis cuotas y con tres meses de gracia, para el pago de los sueldos y aguinaldos.

En la actualidad, Unquillo recibe una coparticipación de 550 mil pesos, con lo que, según expresó Jalil, quedaría en condiciones de saldar esa deuda judicial.

La semana pasada, cuando concurrió a la Legislatura provincial para explicar las "bondades" del Fondo de obras para municipios y comunas (que se aprobó el miércoles último), el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Caserio, puso como ejemplo lo que le está ocurriendo a Jalil para decir que los gobiernos locales necesitan ayuda. Sin embargo, hasta el viernes, el intendente de Unquillo no había recibido respuestas a su pedido.

Precedente "grave". Para Jalil, lo que le ocurrió a su administración con esta demanda sentó "un precedente grave" para los municipios. "Cuando yo me hice cargo de la Municipalidad de Unquillo, el hospital tenía 70 personas que trabajaban en negro. Comenzamos a ofrecerles contratos y la mayoría aceptó, excepto estas cinco personas que plantearon esta demanda", indicó.

El intendente cuestionó la acción de la Justicia y puso en duda la imparcialidad de la Cámara Laboral que condenó al municipio a pagar una indemnización equivalente al 10 por ciento del presupuesto anual. "Esto sienta un precedente grave para todos los municipios, porque en el fondo parece que la Justicia termina condenando al Estado que trató de acabar con la ilegalidad del trabajo en negro, con riesgo para la administración", señaló Jalil.