Al menos unos 250 licenciatarios de taxis y remises de distintas agencias de Comodoro Rivadavia participaron ayer por la mañana de una asamblea en la zona de El Infiernillo para solicitar la derogación de la ordenanza 6.424 que regula la instalación de sistemas de seguridad satelital GPS en ese servicio público de transporte. Allí decidieron confeccionar un petitorio y marchar luego hasta el Concejo Deliberante para pedir a los ediles que revean la medida, sobre todo luego de haber sido notificados por el municipio que tienen hasta el 11 de marzo para instalar los equipos que fueron homologados.

Los licenciatarios manifestaron que ellos nunca fueron convocados por el Ejecutivo o el Concejo Deliberante para el análisis del tema y explicaron a los presentes que elevaron once notas pidiendo tener participación en los debates que a lo largo de 2008 se desarrollaron en el cuerpo legislativo para consensuar la colocación de esos equipos, con el objeto de frenar la inseguridad que por estos días se agrava más.

Lo que argumentaron los manifestantes es que no están en condiciones de hacer frente al precio de instalación y mantenimiento de los equipos, en virtud de los altos costos que en concepto de tributos hoy ya pagan a la comuna.

ENTREGAN PETITORIO

“Entendemos que la ordenanza resulta inhábil para los fines de mejorar la situación de seguridad de choferes y pasajeros ya que el sistema GPS sólo permite conocer por parte de quien efectúa el monitoreo en qué lugar geográfico se sitúa el taxi, salvo que se coloquen cámaras de filmación, cámaras de fotos, pulsadores de pánico, etcétera, pero a medida que se incrementan más accesorios, el costo del equipamiento y del servicio de mantenimiento también son más elevados”, cita el texto entregado ayer a los concejales por parte de la comisión de receso que recibieron a los siete representantes de los taxistas independientes.

En otro tramo del documento que elevaron al Concejo, los dueños de los coches de alquiler exponen además que si el Estado municipal entiende que el sistema de monitoreo realmente servirá para mejorar los índices de seguridad pública debe ser el propio Estado el que costee dicho servicio, dado que, “garantizar la seguridad pública es una competencia propia, exclusiva, excluyente e indelegable”.

Los damnificados evaluaron que “hoy, cuando vemos las caídas laborales en la zona, afirmamos que es contraproducente e inviable someternos u obligarnos a realizar erogaciones de dinero sumamente altísimas para un trabajador en un equipamiento que no soluciona, ni garantiza la lucha contra la inseguridad”.

Por el contrario, lo que observan los licenciatarios es que “no se transforma en seguridad para nuestros transportados ya que no brindará más beneficios, mejor confort, ni mejor servicio, sino por el contrario esto significaría una mayor tarifa, ya que es bien sabido que estos costos recaen sobre el usuario”.