El IIC es una entidad privada sin fines de lucro, conformada por un grupo de comercios dedicadas a actividades comerciales y bancarias que otorgan mandato a una comisión directiva para administrar una base de datos alimentada por este grupo de firmas para que se pueda informar a las mismas respecto del nivel de cumplimiento de las personas allí registradas en cuanto a créditos tomados, según detalló el entrevistado.

“Solo se brindan informes a los comercios asociados y posteriormente, una vez que el comerciante tiene los datos respecto al nivel de cumplimiento de la personas que desea tomar un crédito, se lo otorga en el caso de que el solicitante figure en nuestra base de datos sin atrasos en los pagos”, declaró Montenegro que añadió también que actualmente, unas 187 firmas comerciales mantienen la base de datos mencionada.

“Forman parte de la institución y pagan su cuota mensual para usar los servicios y cada uno de ellos tiene un costo según la actividad”, declaró. Remarcó también que hay cuadros tarifarios distintos tanto para comercios como para financieras e inmobiliarias.

“Unas 187 mil personas están registradas en la base de datos que son tanto de la Capital de la provincia como del interior”, expresó Montenegro que fue consultado también sobre qué datos son los que figuran en los registros de cada persona: “Un comerciante, al presentarse una persona con el deseo de comprar a crédito, le solicita sus datos para ver si está registrada en el IIC. Les avisamos al comerciante sobre la situación del solicitante del crédito”, expresó.

“Si no está registrada, se la anota en condiciones de sin atrasos. Todos los días se hacen copias de seguridad de los registros, los informes están en el acto incluso por acceso remoto”, recalcó Montenegro que subrayó también que se dan más de 400 informes diarios teniendo solo una dotación de un gerente y dos personas que atienden al público, el resto se maneja de manera digital.

“Nuestro desafío es sostener nuestra institución en el tiempo y luchar contra el avance de la competencia que persigue fines de lucro con capitales grandes. Prestan servicios de informes sobre personas pero para combatir eso, la estrategia que tenemos es operar el informe unificado de nuestra organización”, detalló.

Indicó que los créditos se deben concretar antes de la entrega del producto y a su vez, antes de realizar el pedido, se debe hacer por parte del comerciante un pedido de informe a IIC.

Explicó que el nivel de cumplimiento de las personas registradas es importante que los comercios asociados, aporten rápidamente los datos de una persona afectada por sus incumplimientos para que haya una rápida actualización de esos datos para que se puedan hacer nuevas transacciones.

“Cuando un cliente no paga, le ponemos un sello en el informe que dice que está con atraso en sus pagos”, sostuvo Montenegro que resaltó también que el comercio informa al instituto la afectación del cliente que está con atraso y automáticamente se hace la modificación de los datos del mismo que están en la base de datos.

“En nuestra base datos figura el proceso en que está el deudor atrasado además también están los garantes en proceso de gestión judicial. Se trata de un codeudor, si no se paga al comercio, se puede reclamar al garante que tomó el crédito de manera conjunta”, declaró.

Afirmó que de las 187 mil personas registradas, unas 25 mil de ellas tienen “atraso” con distintos niveles.

“Son pocos los que están en proceso judicial. Hablamos de un 13% aproximadamente del total. Es un porcentaje que se mantiene en esos números durante el año”, declaró.

“Si bien hay una constante en el nivel de personas con atraso, observamos una diminución en la cantidad de informes que brindamos mensualmente comparado con años anteriores. Eso lo vemos como menos cantidad de personas tomando crédito personal para consumo”, dijo incluyendo compra de materiales de construcción, rodados, etcétera.