La administradora de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), Hilda Plaza, confirmó que serán 33, de un total de 120, los cesanteados del Banco de Catamarca en condiciones de cobrar de acuerdo con lo dispuesto por el decreto que los incorpora al régimen de Retiro Voluntario Asegurado. Asimismo, confirmó que según el instrumento los retirados de 2001 no serán beneficiados.

“El decreto se publicó hoy (por ayer), así que a partir de esta fecha tiene vigencia la reglamentación que se estableció”, afirmó la funcionaria. No obstante, los beneficiados fueron informados para que presenten documentación cuando el decreto “ya estaba firmado pero no publicado”.

Plaza explicó que el trámite se inicia por la AGAP y una vez completados los requisitos se gira a Recursos Humanos para que verifiquen si no existe incompatibilidad para acogerse al retiro voluntario. “Nosotros vamos a hacer la liquidación pero los fondos son del Tesoro provincial. La AGAP tiene a su cargo la administración de la asignación complementaria, que es un fondo de los activos que se ven beneficiados por los pasivos, pero no se toca más que para el pago del 82%”, aseguró.

Con respecto al retroactivo, sostuvo que la ley está vigente desde septiembre de 2011 pero recién ahora salió la reglamentación. “En la ley dice que está en vigencia cuando esté la reglamentación, pero el derecho adquirido por la propia ley será un tema que se verá legalmente”, dijo.

En cuanto a la remuneración, Plaza explicó que aún no tiene números concretos porque no cuenta con la escala salarial de los bancarios. “De acuerdo con el decreto será el 60% del sueldo del cargo que ostentaban y tenemos desde ordenanzas hasta gerentes. Cuando presenten la certificación del cargo van a saber cuánto les corresponderá cobrar”, afirmó.

Sin beneficio

Con respecto al grupo de empleados que se retiró en 2001, dijo que no están contemplados en la ley. “El decreto es bien clarito y no los incluye a ellos porque ellos tuvieron una situación totalmente diferente. En este caso, en el ‘91 se los obligó a retirarse. Si bien se les pagó una indemnización simple, no se les explicó por qué. Pero en 2001 tuvieron distintas alternativas: pasar al Banco Nación como empleados, quedar en la administración pública en algún cargo, y al que no quería estas alternativas, le dieron una indemnización más lo que fija la ley laboral”, detalló.

Asimismo, agregó que en los alcanzados por el decreto del año 91, era un retiro sin salida laboral, “es decir, tenían prohibido reintegrarse en la administración por 10 años. El instrumento los ponía en disponibilidad por restructuración y debían aceptar el retiro voluntario, por lo que todos firmaron en disconformidad porque nadie había pedido nada. Fue una medida arbitraria”.