Tal como se indicó días atrás el juez Ad Hoc, Nicolás Azcurra, debía ampliar las pruebas a pedido del fiscal para tener un pronunciamiento sobre las presentaciones judiciales realizadas y por las que se acusa a unos 150 estudiantes por el delito de secuestro coactivo agravado, usurpación, asociación ilícita con fines terroristas y financiación del terrorismo.

Existen dos denuncias penales por obstrucción al servicio público de administración de educación y a su vez, solicitan medidas urgentes –entre otras cosas- por sustracción de bienes muebles, la sustracción de documentación personal y además se acusa a los estudiantes de cortar la luz, destruir el portón automático y puerta donde se brinda la energía eléctrica a la Ciudad Universitaria.

La Fiscalía pidió al juez Azcurra la incorporación a la causa del estatuto de la UNLaR, un informe de la Policía Federal y de las autoridades universitarias.

En vistas de lo expuesto, es que el juez acompañado del jefe de la Policía Federal en la provincia, Fabián Zabala; de representantes de la UNLaR y de dos alumnos que oficiaron como testigos, recorrió el predio de la Universidad.

En primer lugar se dirigieron a la Biblioteca Central “Angel María Vargas”, para retomar rumbo al primer módulo donde ingresó a las aulas en las que permanecen alumnos de distintas carreras, acción que repitió en el segundo, tercero, cuarto y quinto módulo. Como se recordará el módulo perteneciente al rectorado continúa cerrado.

Posteriormente pasó frente al canal de televisión digital y de la radio y también por el Colegio Pre-Universitario General San Martín, luego se dirigió hacia el lugar donde están estacionados los vehículos oficiales de la universidad hasta el Centro Interdepartamental de Prácticas Académicas (CIPRA).

Al regresar al punto de partida, se observó una de las ventanas del primer módulo que presentaba una faja de seguridad y también el cajero automático que según pudo saber este medio “presentaba su habitáculo vidriado en perfectas condiciones”.

Tras varios intentos y al grito de ¡democracia! los alumnos –por pedido de las autoridades de la Justicia- derribaron con gran dificultad una tabla que se había colocado para impedir el paso por las escaleras hacia el primer piso. Desde allí caminaron nuevamente hasta la biblioteca donde labraron el acta.

En diálogo con la prensa, el juez Nicolás Azcurra manifestó que “lo que se hizo es una inspección ocular, nada más” indicó que estuvo acompañado por la autoridad máxima de la Policía Federal en La Rioja y por autoridades de la universidad, quienes solicitaron esta acción “porque las fuerzas de seguridad no pueden ingresar –por la Ley de Educación- a las universidades si no tienen un pedido o una autorización judicial, por eso, la Justicia decide hacer una inspección para constatar la existencia de hechos de violencia” a lo que agregó: “No hemos visto nada”.