La jueza de feria en lo Civil y Comercial, Dra. María Eugenia García Nardi dio detalles del caso entre la empresa UNITAN y los empleados de la fábrica que mantienen bloqueada la entrada. La orden de desalojo que fuera ordenada en la causa se suspendió por el momento.
Conflicto de derecho constitucional
"Concretamente el caso se presenta como un conflicto de derecho constitucional, por un lado los trabajadores que realizan medidas de fuerza que tienen derecho constitucional de huelga de reunión y por otro lado, los trabajadores que quieren ingresar a trabajar, UNITAN que quiere desarrollar sus actividades y son derechos que también están protegidos por la Constitución y que no pueden por la medida del bloqueo", sostuvo la jueza.
Respecto a la resolución dijo "La resolución consistió en intimar a cesar todas las conductas de tipo obstructivas que impidan el acceso o el ingreso del personal de los jerárquicos de la firma, los proveedores y liberar los accesos para el giro normal de la empresa".
"No hubo una orden de desalojo en forma directa, la intimación es al cese de conducta, se dio un plazo, en el mismo no se cumplió el cese de las conductas obstructivas. Había un apercibimiento de que se iba ordenar el desalojo en caso que no se cumpla", aclaró la jueza.
Declaró que "Posteriormente ante el incumplimiento se presentó nuevamente UNITAN y pidió la suspensión de esa orden de desalojo por el momento, porque, al momento de la notificación de la medida había un grupo de personas no muy importante realizando el bloqueo pero después de la notificación y pasadas las tres horas se sumaron más personas, alrededor de 70, incluido mujeres y niños, por lo cual se complicaba bastante la situación".
"Desde ese punto de vista UNITAN se presenta y argumenta que, con el objeto de preservar la paz social pide momentáneamente la suspensión de la medida, es decir, del desalojo", explicó García Nardi.
Presencia de menores en el lugar
La jueza García Nardi indicó "Como se constituyó realmente un incumplimiento judicial mi función en este momento es pasar las actuaciones a la justicia penal y la justicia penal será la que hará sus actuaciones en el momento correspondiente".
"Incluso se pasa a la Asesoría de Menores porque han incorporado al lugar menores que no tienen nada que ver con la cuestión laboral, se está poniendo en riesgo a menores de edad, por esto se va requerir un pronunciamiento al ministerio público", sostuvo.
Comentá la nota