La jornada en la Unicameral fue de las más intensas en lo que va del 2015. Ayer, muchos legisladores se terminaron desayunando con que el oficialismo y el radicalismo tratarían en debate, y sin pasar por Comisión, la exención en el Impuesto al Sello para Lusa y Cotreco, las dos empresas que tienen a cargo la recolección de la basura en la ciudad de Córdoba. Y las cuales, a partir de la ley sancionada casi de manera express por Unión por Córdoba y el partido que desde hace unas semanas es la primera minoría, estarán exentas de pagar 200 millones de pesos. 

El bloque radical propuso tratar en debate la incorporación de un nuevo inciso a la Ley N° 6006 para establecer la exención a “los servicios públicos de higiene urbana, incluidos recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos. Sean del estado municipal o contratadas”. Con lo cual, si bien se encargaron de destacar que beneficiaba a todas las prestatarias del servicio en los distintos municipios; sin dudas las más favorecidas son las que brindan el servicio en Córdoba. Que actualmente perciben por mes, 38,5 millones una (Lusa) y 65,5 Cotreco, por recolectar la basura en la zona norte la primera y norte y centro, la segunda. 

Debate “caliente”. El resto de los legisladores opositores, más allá de las huestes del radicalismo, objetó la rapidez con la cual los dos bloques mayoritarios dieron tratamiento y sanción a la ley. Afirmando además que forma parte de un nuevo capítulo en el pacto no escrito que protagonizan el gobernador José Manuel de la Sota y el intendente capitalino Ramón Mestre, y en un día -18F- donde la atención se pondría en otro lado. “Creo que sancionamos una ley para empezar a financiar la campaña política del candidato preferido por De la Sota”, dijo el legislador Aurelio García Elorrio y en referencia al radical. Y agregó ante la consulta de LA MAÑANA: “Es destinar recursos de los cordobeses en una provincia fundida para mejorar la capacidad de gestión del intendente, y busca proyectarlo como su candidato preferido”. “No dieron ni la posibilidad de tratarlo”, dijo desde la bancada de Encuentro Vecinal en referencia a la urgencia con la que se debatió. 

En tanto, la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero, sostuvo: “Consideramos que debía reverse, hacer una doble lectura por ser una modificación al código tributario. La discusión de fondo tuvo que ver con que la exención beneficia a dos empresas privadas, no hay un beneficio para los cordobeses. Al contrario, nosotros proponemos la derogación total de este impuesto para los ciudadanos comunes”. “Además hay un proceso extorsivo por parte de Lusa y Cotreco” dijo Montero y agregó: “Unión por Córdoba avanza en beneficio de las empresas amigas del poder”. 

El Frente Cívico mostró diferencias en el debate, ya que si bien Montero en contacto con este medio prefirió no hacer referencias a la relación entre De la Sota y Mestre; en la sesión, la también legisladora de la bancada juecista, Fernanda Leiva, denunció el pacto entre el gobernador y el intendente. 

Por su parte, Fernando Salvi, del FpV, bloque que se opuso junto al vecinalismo, el juecismo y el FIT, dijo: “Fue un tratamiento sobre tablas. A las 9 nos dijeron que no había ningún proyecto, después nos enteramos, no tuvimos tiempo de tratarlo y pedimos que fuera a comisión. Algo que no sucedió; no había motivo para tanta urgencia”. El legislador kirchnerista además dejó un punto que resulta clave: “Hay localidades como Villa María, Río Tercero y Carlos Paz que ya pagaron el canon, y no se puede descontar porque se paga por adelantado”. Lo cual desnuda que se trata de un claro beneficio para la administración Mestre. 

A su turno, cuando el oficialismo fue consultado acerca de la sanción, el legislador Carlos Gutiérrez manifestó: “Es una decisión que beneficia a todos los municipios. Fue pedido por la UCR y el foro de intendentes de esa fuerza, por lo que accedimos por tratarse de temas muy complejos”. Y este último dato no es menor, el líder de la agrupación que une a los jefes comunales es el intendente capitalino.

En tanto, consultado sobre el qué ocurrirá con aquellas localidades que ya pagaron el canon, Gutiérrez dijo: “Siempre resulta que la ley puede plantear alguna situación... pero en los próximos contratos no se va a dar esta situación”. 

Un capítulo anterior. Hace algunos días se conoció una denuncia donde se registró otro guiño del gobierno provincial para una empresa que también presta servicios para la municipalidad. Gabriel Bermúdez, secretario de Transporte provincial y precandidato a intendente, otorgó la concesión de líneas interurbanas a Autobuses Santa Fe, sin licitación previa y en contra lo que manifestaban los síndicos provinciales.