La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reiteró este sábado su apoyo al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro frente a los reclamos opositores y pese al fortalecimiento del aparato represivo, que provocó 28 muertos desde el comienzo de las marchas el 4 de febrero.

El secretario general Alí Rodríguez Araque dijo en Buenos Aires que los distintos miembros de la organización "coincidieron en la defensa irrestricta de la democracia y en el rechazo enérgico a las manifestaciones de violencia". Y aseguró el rechazo absoluto a "todo intento por romper lo que establecen nuestras constituciones y las leyes venezolanas".

La constitución de Venezuela avala las protestas opositoras. Aprobada por el propio chavismo en diciembre de 1999, la Carta Magna incluye el artículo 350, que habilita al pueblo a desconocer "a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos".

En entrevista con Infobae, Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ministro de Interior durante la presidencia venezolana de Rafael Caldera, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro comete delitos de lesa humanidad.

"Según el Estatuto de Roma, son delitos que ocurren como consecuencia de una política de Estado. Aquí hay una política de represión, con inspiración discriminatoria, porque se persigue al sector disidente. Como consecuencia de esta política de Estado -que es sistemática y generalizada-, se han producido homicidios, torturas y violaciones sexuales. No son crímenes de cantidad los de lesa humanidad, sino de calidad, muy distinto al genocidio", explicó el jurista.

El miércoles pasado los cancilleres de Unasur también habían resuelto, en un comunicado de 5 puntos, respaldar los esfuerzos de Maduro por lograr un diálogo y designaron –"a solicitud del chavismo"- una comisión integrada por ministros de Relaciones Exteriores para que "acompañe y asesore" la conversación para lograr la paz en Venezuela.

Instruyeron a la presidencia pro témpore para que organice con los Estados miembros los trabajos de conciliación con la Comisión de Cancilleres y acordaron solicitar informes al Consejo de Ministros de la Unasur sobre los avances en el terreno.

Desde que las protestas iniciaron hace más de un mes se han registrado 28 muertes, cerca de 400 heridos, más de 100 detenidos y 41 investigaciones por violación de derechos humanos por parte de los cuerpos policiales, según un balance de la Fiscalía General venezolana.