Por estos días, el Instituto Provincial de la Vivienda resolvió encarar un estudio para regularizar unas 500 adjudicaciones de casas que se entregaron hasta el año 2006.

Según destacó su interventor, Martín Juncosa a DiarioHuarpe.com, se trata de viviendas que fueron cedidas a familiares de los titulares, alquiladas o vendidas a terceros sin cancelar los pagos al IPV. “Hay gente que compró la carpeta de la vivienda creyendo que se podían vender, algunos le dejaron la casa a un tío o un primo, se fueron y el familiar siguió habitando la casa y esto significa que están en condiciones de ser quitadas”.

Aunque aclaró que se estudiará cada caso en particular y si estos reúnen las condiciones, podrían quedarse con la vivienda. “Si las familias ocupantes de estas casas cumple con lo que el IPV establece, nosotros vamos a regularizarlos, hacer que paguen las cuotas adeudadas para que puedan cancelar y tener su casa propia”, explicó el funcionario, pero aclaró que “aquel que usurpó una casa de manera violenta o forzosa no entra en este tipo de beneficios”.

“La idea es que esta gente que lleva años habitando la casa, siempre y cuando cumpla todos los requisitos, pueda decir ‘al fin es mía’, esa vivienda se tasa y se arregla una cantidad de cuotas para concretar el pago y recuperar el dinero invertido”, añadió.

En el caso de que las viviendas pasen nuevamente a manos del Estado, el IPV dará prioridad a personas con problemas de salud grave y quienes se encuentren en condiciones de emergencia en lo habitacional y estén inscritos en el padrón.