El Municipio reiteró la vigencia de la ordenanza, pero la asociación se niega a aceptar el sistema.
Desde el primero de enero de 2015 los taxis que no hayan instalado el GPS homologado por el Municipio no podrán operar. Así lo confirmó ayer el subsecretario de Servicios Públicos Concesionados, Fernando Palladino, quien anticipó que la semana que viene se firmará el convenio con la empresa que resultó adjudicataria para centralizar la información de todos los vehículos con el sistema GPS que circulen por la ciudad.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, Dario Grassi, comentó que para los permisionarios el sistema debería ser opcional, y que de ninguna manera es necesario este servicio para resguardar la seguridad de los trabajadores. “Está confirmado que no sirven para mejorar la seguridad”, dijo y remarcó que instalar el equipo implica un gasto oneroso y que no aceptarán la imposición de este servicio.
Palladino detalló que a partir de la firma del convenio se dará un plazo de 60 días para que la empresa adjudicataria ponga en funcionamiento el centro de monitoreo, y que en ese período se comenzará a informar a todos los taxistas que deben colocar el sistema de seguimiento satelital en sus autos.
El funcionario aclaró que cualquiera de las empresas podrán prestar el servicio de GPS a los taxistas, pero que tendrán que cumplir con ciertos requerimientos técnicos. “Hay una ordenanza que obliga a los taxistas a instalar el GPS y que impone las condiciones en las que tienen que operar”, expresó.
En este contexto, aclaró que la ordenanza no define qué empresa tiene que ser la que preste el servicio a los taxistas y que solo impone que esté homologada por el Municipio. “Se conecta a la que nosotros tenemos contratada, pero al Municipio no tiene que pagar nada. Ellos contratan a la empresa que quieren, siempre y cuando cumplan con las condiciones y requerimientos técnicos”.
Palladino manifestó que hay una ordenanza que establece esta obligación y advirtió que en caso de que los taxistas no estén de acuerdo la opción puede ser presentar un proyecto manifestando la inconstitucionalidad, si es que consideran que es así. De todas maneras, advirtió que no se dejará de cumplir con lo que establece esta ordenanza que ya tiene más de ocho años de vigencia.
Sobre esto, Grassi manifestó que se trata de una ordenanza vieja y que en la actualidad los costos para mantener el servicio son muy altos. “Los repuestos tardan en llegar, las calles están rotas y nos perjudica. Además, desde que se nos dio un aumento de la tarifa ya incrementó el valor del combustible dos veces. Los costos no nos dan”, expresó, para luego contar que, desde la asociación redactaron un proyecto de modificación para el servicio de GPS. “Eso lo sabe toda la ciudadanía. Nosotros hemos instalado al GPS como un aporte, pero no estamos en condiciones en este momento de afrontarlo, de absorber el costo del monitoreo, porque es un impuesto más. No tenemos subsidio de nada, ni de licencia comercial”, remarcó el dirigente empresarial .
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