El cuerpo de delegados de la empresa Ciudad de Córdoba informó que le darán tiempo hasta el lunes que viene al municipio para que resuelva la situación de la empresa y defina si le firma o no el contrato de concesión. Esta especie de plazo fatal llegó tras una amenaza de paro por parte de los colectiveros de la prestataria emitida la semana pasada pero que sigue latente, según indicaron los choferes. Ése es el principal reclamo de los trabajadores que el viernes pasado mantuvieron una reunión con funcionarios del Palacio 6 de Julio en donde acordaron un término de 10 días para obtener una respuesta. 

“Creemos que vamos bien en las conversaciones, el lunes 21 deberíamos tener definiciones porque no se puede seguir así, la incertidumbre es terrible y genera preocupación entre los compañeros”, dijo el delegado Mario Pérez. 

No obstante, los trabajadores admitieron que no aceptarán otra salida que no sea la continuidad de la empresa dentro del actual sistema de transporte público y denuncian “intencionalidad” política por parte del intendente Ramón Mestre para ceder los corredores azules a la empresa correntina Ersa.

En la misma sintonía se manifestó en reiteradas oportunidades el presidente de Ciudad de Córdoba, Mariano Llabot, quien aseguró que la Municipalidad benefició con subsidios a Ersa y Autobuses Santa Fe en detrimento de su prestataria. Además, dijo que ciertas decisiones tomadas por la Secretaría de Transporte complicaron aún más las finanzas de Ciudad de Córdoba. Entre ellas, mencionó Ersa pisó recorridos exclusivos de los corredores 20 y 70 que significa para la empresa “unos 20 mil pasajeros menos”. 

Cabe señalar que ante la delicada situación financiera de la firma, la Municipalidad de Córdoba encargó en abril pasado una auditoría cuyos resultados no fueron dados a conocer aún y sobre los cuales, según el propio intendente Mestre, se definiría el futuro de Ciudad de Córdoba. No obstante, desde la comuna dejaron trascender que las conclusiones son similares a las arrojadas por el estudio encargado por la Secretaría de Transporte de la Provincia que conduce Gabriel Bermúdez. Desde esa cartera también auditaron a la firma ya que presta servicio en cuatro de los principales corredores interurbanos por lo que su destino es motivo de preocupación en el Gobierno de Córdoba. Para recordar, entre sus principales conclusiones, la auditoría realizada al mes de abril, arroja que el capital de trabajo es fuertemente negativo (75 millones de pesos) “lo que se manifiesta en un endeudamiento que representa el 94 por ciento del activo invertido y un patrimonio neto de sólo el 6 por ciento del activo”. Por otro lado, los técnicos señalaron que la situación de la empresa “es muy crítica, y hace presagiar un futuro complicado y con imposibilidad financiera de hacer inversiones para renovar el parque móvil que asegure un buen nivel de servicios y frecuencias a los usuarios del transporte automotor de pasajeros”.

La auditoría es contundente al determinar que si la compañía a futuro no recibe una inyección de capital vía aportes de los socios o financiamiento de terceros, la crisis financiera actual puede empeorar aún más.