Empezaron a concentrarse hace dos miércoles y dicen que continuarán hasta que la Justicia oiga lo que tienen para decir. Los parlantes instalados en la plaza Yrigoyen garantizan que el reclamo de “igualdad indemnizatoria” retumbe en el Palacio de Justicia. Una voz propala nombres de víctimas de accidentes de tránsito, y montos de las indemnizaciones que estas recibieron por muerte o lesiones. Las cifras sorprenden: $ 60.000 por una incapacidad del 30%; $ 38.000 por la muerte de un peatón; $ 100.000 por una incapacidad del 50%, etcétera. Rodea al orador un grupo de ciudadanos de diferentes edades con carteles y banderas: algunos de ellos exhiben daños físicos evidentes. Son los adherentes de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, colectivo que nació recientemente a caballo de un estudio del abogado Daniel Tarulli sobre casos propios. Ese letrado comparó los valores asignados a hechos similares en la Justicia provincial y porteña, y concluyó que la vida “vale” hasta 7,3 veces menos en los Tribunales de Tucumán.

25 veces más veloz

La comparación actualizada a 2015 contrasta el importe de los resarcimientos y el tiempo de tramitación de los litigios. En total, Tarulli tomó como referencia 16 procesos promovidos con beneficio para litigar sin gastos (régimen de gratuidad para ciudadanos con escasos recursos): ocho relativos a accidentados fallecidos y otros tantos relativos a accidentados lesionados, donde la mitad de casos de cada clase tramitó en la Justicia de Tucumán y la otra mitad, en los Tribunales Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El autor consignó el apellido del demandante; el número de expediente y el año de inicio; el tribunal interviniente y una síntesis de las circunstancias. “Son casos genuinos y verificables”, apuntó. Las relaciones establecidas entre juicios con hechos semejantes -en los que Tarulli participó- refuerzan una y otra vez la idea de que al accidentado tucumano y a su letrado les conviene litigar en la capital del país por dos motivos: recibirán indemnizaciones y honorarios mayores, y más rápido (ver tablas adjuntas).

En contraposición, los pleitos que se prolongan durante años y terminan con un resarcimiento exiguo resultan funcionales a los intereses de los condenados a pagar. “Las compañías de seguros tienen mucho interés en conciliar los casos en Buenos Aires. En Tucumán, les conviene que el tiempo pase y litigar”, sugirió Tarulli.

El ejemplo paradigmático del trabajo en cuestión es la comparación de los pleitos “Bulacio” (Tucumán, 2007) y “Alamino” (CABA, 2007), donde los respectivos padres reclamaron indemnizaciones por las muertes de sus hijos de 29 y 21 años. En “Bulacio”, los jueces tucumanos ordenaron una reparación de $ 261.685 en octubre de 2015 mientras que los demandantes de “Alamino” recibieron $ 1.918.441 por decisión de un magistrado porteño: “7,33 veces más”, observó Tarulli. El detalle -para nada insignificante- es que el fallo de “Alamino” llegó 13 días después de que el caso quedara en condiciones de ser resuelto y la sentencia de “Bulacio”, 10 meses y 24 días desde el mismo punto de referencia procesal: “en esta comparación, la Justicia de Tucumán es casi 25 veces más lenta que la porteña”, precisó el abogado matriculado en ocho jurisdicciones.

El ruido se expande

Según el autor, la asimetría responde a que buena parte de los magistrados provinciales aplican parámetros y criterios obsoletos para evaluar y cuantificar los reclamos de las víctimas de los accidentes de tránsito. “En los últimos tiempos, algunos jueces tucumanos han empezado a seguir estándares más equitativos y a tono con los que observan los poderes judiciales del país, cambio que es un aliciente”, matizó Tarulli, quien entregó copias de su trabajo a magistrados de primera y de segunda instancia; a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y a las autoridades de las entidades profesionales. En una conversación telefónica, el abogado explicó que antes era posible elegir entre demandar la indemnización en la Justicia provincial o pleitear en la capital del país, donde las aseguradoras tienen su sede central. Pero, frente al incremento de trabajo y los planteos de los demandados, los jueces porteños comenzaron a declararse incompetentes aduciendo que correspondía a los Tribunales de Tucumán juzgar los hechos que habían ocurrido allí.

El estudio elaborado por quien se presenta en la web como titular del primer estudio jurídico especializado en accidentes de tránsito de la región confirma una sensación que circula en el foro. Tanto Francisco García Posse como Ángel Fara, respectivos titulares de los colegios de abogados de la Capital y del Sur, admitieron que los corolarios de Tarulli se compadecen con la percepción de los colegas que atienden a las dos partes en pugna: el accidentado y la compañía aseguradora. Tiene lógica porque la indemnización importa para reparar a la víctima, pero también para fijar los honorarios de los profesionales.

“Es un trabajo cuanto menos interesante porque plantea interrogantes que no habían sido tratados antes. Sus conclusiones preocupan en la medida en que generan dudas sobre la justicia de las indemnizaciones que fijan los jueces tucumanos. Sin embargo, creo que carece del rigor y de la profundidad necesarios para extraer inferencias precisas porque sólo toma en cuenta los casos en los que intervino el autor”, opinó García Posse. El presidente del Colegio capitalino comentó que sería necesario profundizar la comparación de Tarulli. “Los montos de la provincia son muy inferiores a los que manejan en Buenos Aires. Hay muchas quejas de colegas que hacen daños y perjuicios derivados de accidentes”, añadió por su parte Fara.

Por separado, dos abogados de aseguradoras que pidieron reserva de identidad coincidieron en que la judicatura local tiende a fijar indemnizaciones bajas en comparación con los montos que otorgan los jueces de otras provincias. Un profesional observó que, si bien es cierto que el costo de la vida y los ingresos son más altos en el centro y en el sur del país, los resarcimientos de Tucumán suelen ser inferiores a los reconocidos en otras provincias del norte, como Jujuy. Otro letrado corroboró que los litigios largos favorecen a las aseguradoras. El factor tiempo incentivaría a “cerrar” tratos muy ventajosos para las compañías.

En Tucumán, la ponderación del asunto varía de juez en juez: el camarista Benjamín Moisá, por ejemplo, sostuvo que su tribunal fija desde 2012 el resarcimiento racional previsto en el Código Civil y Comercial (ver “Nuestras indemnizaciones...”). “Hace ruido que las indemnizaciones por muerte o incapacidad laboral sean más altas que las fijadas por accidentes de tránsito. Es un tema que debemos analizar”, dijo al respecto Antonio Gandur, presidente de la Corte.

El ruido recién ha empezado. La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito que anima Tarulli tiene previsto repetir sus manifestaciones estrepitosas cada miércoles. Uno de los participantes, Faustino González, expresó que el problema es muy grave: “un señor perdió la pierna y el juez le dio $ 20.000, pero la pierna ortopédica cuesta $ 27.000. A mí se me rompió el hombro hace cuatro años: soy taxista y debo dejar mi trabajo. Seguiremos protestando hasta que la realidad cambie”.

Fallecimiento*$ 482.755 (caso “Jabit”, Tucumán) $ 2,5 millones (caso “Egüez”, CABA) Por muerte de un hombre con esposa y al menos cuatro hijos.$ 289.530 (caso “Ochoa”, Tucumán)$ 1,9 millones (caso “Ramírez”, CABA)Por muerte de una mujer de entre 58 y 62 años con al menos dos hijos. *Datos extraídos del estudio del abogado Daniel Tarulli.Lesiones*$ 280.551 (caso “Fasola”, Tucumán)$ 985.190 (caso “Benítez”, CABA)Por una incapacidad del 50%.$ 629.352 (caso “Briseño”, Tucumán)$ 3,5 millones (caso “Acuña”, CABA)Por una incapacidad del 80%.*Datos extraídos del estudio del abogado Daniel Tarulli.

Fallecimiento*

$ 482.755 (caso “Jabit”, Tucumán) $ 2,5 millones (caso “Egüez”, CABA)

Por muerte de un hombre con esposa y al menos cuatro hijos.

$ 289.530 (caso “Ochoa”, Tucumán)$ 1,9 millones (caso “Ramírez”, CABA)

Por muerte de una mujer de entre 58 y 62 años con al menos dos hijos. 

*Datos extraídos del estudio del abogado Daniel Tarulli.

Lesiones*

$ 280.551 (caso “Fasola”, Tucumán)$ 985.190 (caso “Benítez”, CABA)

Por una incapacidad del 50%.

$ 629.352 (caso “Briseño”, Tucumán)$ 3,5 millones (caso “Acuña”, CABA)

Por una incapacidad del 80%.

*Datos extraídos del estudio del abogado Daniel Tarulli.