El plan piloto de reforma al Código de Procedimientos Penales de Tucumán, impulsado por la Corte Suprema de Justicia, generó un contrapunto entre el Oficialismo legislativo y el máximo tribunal de Tucumán. Ayer, el Presidente de la Corte, Antonio Estofán, se reunió con el gobernador José Alperovich, para explicarle los puntos salientes del proyecto; sin embargo éste, por el momento, quedó suspendido.

Desde las filas alperovichistas en la Legislatura criticaron que se pretenda modificar el código a partir de acordadas, y aseguraron que su implementación amerita de la sanción de una ley. Sin embargo, Estofán desestimó esas consideraciones, ya que "no es una reforma procesal, sino un mero plan piloto" para determinar qué puntos deben reformarse para mejorar la investigación preparatoria penal. "No afecta ninguna garantía constitucional y no se modifica ninguna norma legal", afirmó el ex fiscal de Estado.

Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse, manifestó que es necesario que el proyecto sea tratado en el recinto legislativo, para evitar luego pedidos de inconstitucionalidad. "Hay que evitar que el tema se judicialice", advirtió, al tiempo que se mostró dispuesto a estudiar una iniciativa al respecto en caso de que el máximo tribunal la presente. Otros parlamentarios del oficialismo se mostraron reticentes a discutir la reforma.

La Corte había pedido en 2012 el asesoramiento al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) para implementar un plan experimental. Este año, mediante acordadas, sentó las bases y emitió el reglamento en el que se consignan las oficinas, cargos y nuevas directivas del sistema, que debía aplicarse en Concepción.