Las causas judiciales por violencia familiar presentaron un aumento alarmante en los últimos dos años, ya que de los 384 casos registrados en 2008 en los juzgados de Familia y Menores Nº1 y Nº2 con asiento en San Luis, la Justicia cerró el 2010 con más de mil cien nuevos procesos que involucraron maltratos psíquicos y físicos hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Esto indica que en apenas dos años se triplicaron los casos denunciados ante magistrados en el fuero civil. “En lo que va del año ya registramos más de setecientos casos. Hasta el 15 de marzo eran más de doscientos”, explicó la titular del Juzgado de Familia Nº1, Estela Bustos, quien aseguró que en un 70 por ciento se trata de agresiones de tipo psicológicas. “La violencia física en nuestra provincia no está representada con grandes hechos. Son pocos pero eso no les quita gravedad. Hemos detectado de todo: cachetadas, patadas, cintazos, golpes con la escoba, quemaduras con cigarrillo y hasta mordeduras en las orejas”, señaló la magistrada.

Según las estadísticas confeccionadas por el Juzgado de Familia, un 37 por ciento los casos de violencia fueron registrados en niños y adolescentes de entre 6 y 15 años, mientras que los maltratos psíquicos y físicos a infantes de entre 1 y 5 años representan un 23 por ciento. Además, las denuncias confirmaron que el 42% de los agresores son adultos de entre 36 y 45 años, mientras que en un 24% de los ataques los perpetraron personas más jóvenes, de entre 26 y 35 años.

Si bien cuando los casos son judicializados las víctimas expresan su voluntad de no reconciliarse con sus agresores, en casi el 70 por ciento de los casos vuelven a la convivencia bajo el mismo techo debido a cuestiones de índole económica y a la falta de políticas de seguimiento y contención de los grupos afectados por la violencia intrafamiliar. “No es que les guste recibir maltratos, sino que no pueden salir del círculo de violencia por la falta de políticas con instituciones que les presten una contención en el tiempo en un período mínimo de seis meses, que es el que se necesita desde un punto de vista psicológico, algo que la Justicia no puede hacer”, aseguró Bustos.

“Cuando llegan las denuncias detectamos que la violencia ya ha estado instalada como mínimo entre los dos y cuatro años previos, porque no es algo que se origina cuando la pareja comienza a convivir, sino que tal vez viene desde el noviazgo”, explicó Bustos. La magistrada es una de las juezas que lleva adelante el programa “Los jueces en la escuela”, que consiste en la visita a establecimientos educativos para que niños y adolescentes que cursan los últimos años de los niveles primario y secundario sepan cuáles son sus derechos y la mejor manera de defenderlos.