El alto cuerpo los cesanteó porque cobraban “en negro” tarifas extras para ejecutar embargos, desalojos y otros procedimientos judiciales. El sumario administrativo se inició luego de manifestaciones periodísticas del presidente del Colegio de Martilleros.
En una decisión sin precedentes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba dejó cesantes a seis oficiales de justicia debido a que una investigación administrativa determinó que cobraban una tarifa extra, “en negro”, a quienes necesitaban realizar procedimientos judiciales como desalojos, embargos y constataciones.
En su acuerdo número 3 de este año, el alto cuerpo despidió a Fernando Juan Garriga (legajo 305), José Manuel Porto (1.162), Mario Enrique Baldi (914), José Antonio Maunier Ferreira (895) y Héctor Marcos Chiaramello (403), de la ciudad de Córdoba, y a Néstor César Cebrero (3.688), de Villa Cura Brochero.
Con dictamen coincidente del fiscal General de la Provincia Alejandro Moyano tras la investigación del jefe de Sumarios Administrativos Tristán Quiles, los vocales Aída Tarditti, Sebastián Cruz López Peña, María Marta Cáceres de Bollati y María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel decidieron dejar fuera del Poder Judicial a los agentes que se desempeñaban en la oficina de Oficiales de Justicia dependiente de la subárea de Documentación e Información Pública.
Las actuaciones se iniciaron a fines de 2012 luego de la nota del diario Comercio y Justicia “Martilleros reclaman por situación vidriosa con oficiales de justicia” en la que el entonces titular de ese colegio profesional, Ángel Alexis Aguada, exponía la situación que perjudicaba a su gremio.
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