Un tribunal internacional bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha dictado un laudo a favor de Chevron y su filial indirecta, Texaco Petroleum Company (TexPet), que resolvió que la República del Ecuador violó sus obligaciones bajo tratados internacionales, acuerdos de inversión y el derecho internacional.

El tribunal concluyó unánimemente que la sentencia de $9.500 millones dictada en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011 fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción y se fundamentó en reclamos que la República del Ecuador ya había transado años antes. El tribunal resolvió que la sentencia fraudulenta ecuatoriana “viola el orden público internacional” y “no debe ser reconocida o ejecutada por los tribunales de otros Estados”. El laudo estableció que, de conformidad con el de derecho internacional, Chevron no está obligada a cumplir con la sentencia ecuatoriana.

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El tribunal sostuvo que Ecuador incumplió sus obligaciones bajo un acuerdo de transacción de 1995 que liberó a TexPet y sus filiales de toda responsabilidad por acciones o reclamos fundamentados en intereses difusos, el mismo tipo de intereses en los que se fundamenta la sentencia ecuatoriana de $9.500 millones. El tribunal determinó que “TexPet invirtió aproximadamente $40 millones en proyectos de remediación ambiental y desarrollo comunitario bajo el Acuerdo de Transacción de 1995” ejecutados por una “reconocida firma de ingeniería especializada en remediación ambiental” y que Ecuador en 1998 suscribió un acuerdo final de liberación “certificando que TexPet había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Transacción de 1995.”

El tribunal no encontró “ninguna prueba” que respalde el argumento de Ecuador de que TexPet incumplió los términos del plan de remediación aprobado por Ecuador. Por el contrario, el laudo narra el testimonio jurado de funcionarios del gobierno de Ecuador en el sentido de que “el trabajo técnico y ambiental de TexPet se ejecutó correctamente”, en tanto que la compañía petrolera estatal de Ecuador “durante más de tres décadas, no hizo absolutamente nada” para abordar sus propias obligaciones de remediación ambiental en la misma área de operaciones, a pesar de que Ecuador y su compañía petrolera estatal recibieron el 97.3% de los ingresos generados por la producción de petróleo del proyecto.

El laudo también describe en detalle el testimonio de varios exmiembros de los expertos ambientales y científicos de los demandantes ecuatorianos que admitieron bajo juramento que no encontraron pruebas que respaldaran las alegaciones ambientales de los demandantes en contra de Chevron y TexPet.