Con la firma de su apoderado, Daniel San Cristóbal, y el patrocinio de la Dra. Valeria Romero, el Frente Grande mantiene su insistencia ante el Tribunal Electoral provincial por su actitud pasiva en el cumplimiento de la ley 7141 de PASO.
"Más aún, la propia 7141 establece los aspectos de la norma que el Tribunal Electoral se niega a aplicar regirán además para las elecciones generales del 27 de Octubre, lo que nos lleva con más énfasis a plantear nuestras disidencias. Y por supuesto, la norma vigente es una garantía del estado de derecho que perdurará y su no aplicación continuará perjudicando a los partidos políticos".
La escabullida tribunalicia
Luego de la presentación que realizara el Frente Grande el pasado 12 de julio y que fuera rechazada, el mismo Tribunal volvió sobre sus pasos habilitando "excepcionalmente" el financiamiento de boletas partidarias. Pero, además de cuestionar esa excepcionalidad, el Frente Grande puntualiza el daño que ocasiona en el sistema político en general y a su partido en particular el tratamiento de la publicidad.
Así denuncia que la "escabullida" tribunalicia, remitiendo el planteo al financiamiento nacional, no hace mas que "cercenar el derecho de las agrupaciones políticas de percibir la pauta publicitaria conforme las previsiones especialmente establecidas en la Ley Provincial 7141".
"Decimos que la resolución nos genera como partido político gravamen irreparable toda vez que nos deja en clara desventaja en la competencia electoral respecto del acceso a los medios de comunicación audiovisual y nos excluye totalmente respecto de la publicidad callejera", dice la presentación partidaria.
El Frente Grande solicita al Tribunal reconsidere su posición: "el Tribunal Electoral resignó su jurisdicción afectando a nuestro partido y menguando nuestros espacios publicitarios en detrimento de las propuestas políticas mayoritarias y disponiendo que la Provincia del Chaco realizará CERO aporte a los partidos políticos".
"El requerimiento realizado no se expresa en dinero, sino en la contratación de los espacios que manda la Ley. La ausencia del Estado en el financiamiento de los partidos políticos deteriora la democracia y genera serias dudas sobre el origen de los fondos de las campañas electorales", manifestó el apoderado partidario.
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