El lento recuento de votos puso de relieve las carencias del Tribunal Electoral de Chubut, un organismo marginado del presupuesto provincial.

La provincia de Chubut tiene una larga cuenta pendiente en materia legislativa electoral, donde ante la falta del dictado de un código propio, adopta el nacional y hace una mera referencia en la Constitución provincial respecto de la integración del Tribunal Electoral Provincial (TEP).

Concretamente, en su artículo 259 determina que el mismo se compone por el presidente

del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General de la Provincia, el Juez de

Primera Instancia de Rawson, de turno y con competencia en lo civil, y los

vicepresidentes Primero y Segundo de la Legislatura.

El artículo subsiguiente determina sus funciones y señala que éste funcionará en la Legislatura Provincial, mientras el artículo 6° de la brevísima Ley XII- N°3 que regula el funcionamiento del organismo, le otorga la facultad de designar personal temporario para el cumplimiento de sus funciones.

De lo plasmado legalmente, hay que aclarar que mientras los integrantes formales previstos por ley no perciben remuneración por el desempeño formal ante el TEP, más que sus salarios como integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, esfera esta última que cada año “pelea” por la sanción de su presupuesto, que sigue anclado al provincial.

LAS CARENCIAS

La dotación de personal del TEP está dada por apenas dos personas un secretario -Juan Loup Gerber- y una prosecretaria, aunque ambos desarrollan funciones habituales dentro del Superior Tribunal de Justicia, sin mencionar que debió ser el director de prensa del órgano judicial quien se abocó a las lides del escrutinio los últimos 10 días, incluyendo la atención de los 120 periodistas acreditados para la cobertura.

Además, y pese a que por ley el TEP debería tener su espacio propio dentro del edificio legislativo, remodelado y reinaugurado en 2010, éste continúa siendo alojado por el Superior Tribunal. Así, las cargas presupuestarias implícitas en el uso del espacio y servicios son nuevamente absorbidas por el presupuesto judicial y no por el legislativo, como en la teoría legal debería ser.

A este contrasentido obedecieron por ejemplo las críticas que el TEP sufrió el 22 de marzo, cuando informó que el escrutinio comenzaría el día siguiente en instalaciones del Centro Cultural de Rawson, lo que ocasionó el reclamo político de que por Constitución Provincial debía hacerse en la Legislatura.

Un detalle anecdótico, pero no menor, es que los plazos perentorios dictados por el Código Electoral Nacional para el inicio del escrutinio señalaban al 23 de marzo, pero ese mismo día sesionaba la Legislatura, por lo que el escollo no era fácil: o se daba cumplimiento a la manda nacional, o a la provincial, ya que cumplir con ambas a la vez era imposible.

Esta misma orfandad de espacio y presupuesto determinó, por ejemplo, que el domingo de las elecciones, la sala de cómputos del TEP funcionara en el Ministerio de Economía, con sus recursos informáticos y, demás está decir, sin un software específico para la carga del escrutinio, una herramienta que hubiera subsanado, por ejemplo, el error de los 888 votos.

En cuanto a la partida presupuestaria destinada para la contratación de personal temporario, hay que decir que el Poder Ejecutivo la liberó oportunamente, aunque sólo fueron 10 las personas disponibles para todas las tareas relativas a la elección, el escrutinio y los cómputos.

El recuento definitivo llevó la sala de cómputos esta vez sí a la Legislatura, adonde se sumaron 8 personas del Juzgado Federal de Rawson (de competencia electoral), que tras un convenio de colaboración, aportó su informática. Sin embargo, el software con el que contaba el TEP para trabajar en ese contexto era tan antiguo que toda vez que se necesitaba hacer una impresión había que dirigirse nuevamente al Ministerio de Economía, distante a 8 cuadras de la Legislatura, donde se encontraban las máquinas compatibles con el sistema.

Aún bajo estas circunstancias -conocidas por el poder político-, el Tribunal Electoral debió pagar los cuestionamientos más serios de los últimos 10 días, tras los que hay que destacar, ya no se habla de errores humanos pero sí persiste el término “irregularidades”.