Junto a Bruera fueron multados otros funcionarios de su gestión vinculados a la contabilidad municipal. Claro que el proceso para que el Estado recupere ese dinero no es sencillo ni rápido. Agotada la vía administrativa que le corresponde al tribunal, los intendentes tienen la posibilidad de apelar al fuero contencioso administrativo, donde, con sucesivas apelaciones, pueden dilatar los procesos por décadas.

El Tribunal de Cuentas detectó el manejo caótico de las cuentas municipales durante el último año de la gestión Bruera, y ahora le reclama unos 242 millones de pesos en distintos conceptos. Se trata del fallo correspondiente a la gestión de 2015 -fallo 197 de este año-, en el que se dan cuenta de irregularidades que comienzan con un “importante faltante de dinero” y que llevó al Concejo Deliberante a rechazarlas en 2016.

La irregularidad mas importante tiene que ver con la falta de órdenes de pago por 200 millones de pesos, pero hay detectados exceso de gasto, superior al crédito vigente al momento del cierre, ingresos que no estaban registrados en la contabilidad, saldo negativo en la coparticipación, por unos 55 millones de pesos. Esto implica que se utilizaron recursos con afectación específica para gastos corientes sin su correspondiente rendición.

Las sanciones para Bruera suman 241.018,658 pesos. De ese total, casi 40 mil corresponden a excesos presuestarios; 632 mil por falta de ingresos de cánones y no aplicación de intereses por mora en la República de los Niños; 398 mil pesos por reparación de vehículos que no pertenecían a la comuna, 989 mil pesos por espectáculos culturales que no eran tales; 30 mil por compra de carne.

Pero hay más, también le imputan gastos por 11 millones de pesos en materiales de construcción cuyo destino se desconoce, 5 millones de pesos en servicios de publicidad, 11 millones de pesos de Licitaciones y concursos faltantes, 10 millones por irregularidades vinculadas a cooperativas.

Junto a Bruera fueron multados otros funcionarios de su gestión vinculados a la contabilidad municipal. Claro que el proceso para que el Estado recupere ese dinero no es sencillo ni rápido. Agotada la vía administrativa que le corresponde al tribunal, los intendentes tienen la posibilidad de apelar al fuero contencioso administrativo, donde, con sucesivas apelaciones, pueden dilatar los procesos por décadas.

El propio Grinberg reconoció años atrás esa realidad en una entrevista concedida a INFOCIELO. “Puede ser que se agoten los términos pidiendo rendiciones de cuentas, y nos vemos obligados a hacer cargos por la falta de documentación. En una de esas, al final del proceso, aparece el recurso judicial y se produce un proceso”, admitió entonces.