El relevamiento efectuado habría determinado la existencia de un daño patrimonial en sobreprecios cercano al millón de pesos. A las inconsistencias vinculadas a la modalidad de contratación aplicada y fallas en el servicio de inspección, se sumó la constatación de la inexistencia de varios reductores de velocidad que sin embargo habrían sido pagados como si hubieran sido construidos.

En manos de Noguera

El informe estaría en manos del vocal Rubén Noguera, a cargo del área municipios del Tribunal de Cuentas, y no se descarta que en el comienzo de semana, el mismo también sea requerido por el bloque de concejales de la oposición.

Los lomos de burro se encuentran diseminados a lo largo de la extensa geografía metropolitana y su objetivo principal era combatir la inseguridad vial capitalina. No solo no cumplió con su cometido, ya que los índices de accidentes lo demuestran, sino que su construcción se convirtió en eje de una polémica que amenaza con convertirse en escándalo.

Los auditores habrían constatado un total de ocho obras, de las cuales siete de ellas fueron adjudicadas a la misma contratista. Además, junto a las inconsistencias vinculadas a la modalidad de contratación aplicada y fallas en el servicio de inspección, el informe señalaría diferencias en concepto de sobreprecios, lomos de burros y carteles inexistentes y obras de menor dimensión a la contratada y pagada, lo que provocaría un daño patrimonial por un total de algo más de 900.000 pesos.

El objetivo de la auditoría era verificar si existen sobreprecios en las obras controladas, de acuerdo a la denuncia realizada por el bloque de concejales justicialistas por las supuestas irregularidades en la liquidación de esos reductores de velocidad. Meses atrás, el municipio dijo que pagaba cerca de 6.000 pesos por cada obra, e incluso organizó una conferencia de prensa con empresarios que dijeron que ese precio no era alto, sino que incluso les hacía resignar ganancias.

Los auditores realizaron un relevamiento documental, es decir, una constatación del presupuesto de las obras denunciadas y un relevamiento físico y control selectivo de las mismas.

El informe considera que el costo total por cada de lomo de burro es de 2.664,50 pesos. Solo en el caso de la primera obra (construcción de 40 reductores con su respectiva señalización), los inspectores verificaron 12 lomos de burros, el 30 por ciento de los 40 a ejecutarse, y en tres lugares específicos la obra no existiría. Eso involucraría un perjuicio de más de 120.000 pesos.

La misma modalidad de auditoría del Tribunal de Cuentas se aplica para la segunda obra inspeccionada (construcción de 44 reductores con su señalización) y al igual que el caso anterior, se tomó una muestra de 17 lomos de burro, poniendo en evidencia que faltan hacer 5 lomos de burro y 10 carteles, con un supuesto daño de casi 160.000 pesos. En ambos casos, los mismos no contarían con el análisis de precio entre la documentación técnica.

Por otra parte, no sólo se determinaron sobreprecios en la ejecución de los reductores, sino que también en el caso de la pintura y los carteles en donde el daño patrimonial ascendería a más de 140.000 pesos.

Las obras además se habrían contratado en forma directa, cuando pudieron haberse hecho a través de licitación pública con mejores condiciones para el municipio. De las ocho obras auditadas, siete de ellas fueron ejecutadas por la misma empresa, sin compulsa, ya que en todos los casos se presentó como única oferente.

No contaría con el análisis de precios que respalde el presupuesto oficial en base a lo que se contrató, lo que sería una clara irregularidad de violación a la ley 4990 de Obras Públicas. Además, las obras auditadas no agotan la totalidad de las contratadas para la ejecución de los reductores, existiendo la posibilidad de que las mismas también sean observadas.

Finalmente, la presencia de sobreprecios junto con las marcadas deficiencias en la ejecución o falta de los mismos, ya sean lomos de burros o carteles, generarían en total un perjuicio superior a los 900.000 pesos.