Los vecinos de Villa Chicligasta, al tomar la comuna, denunciaron el abandono e irregularidades en la administración del pueblo. Todo indica que la versión de los habitantes tiene su correlato en el Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia, el órgano encargado de monitorear que las arcas de las gestiones comunales se encuentren en orden. 

Sólo durante este año se publicaron acuerdos que dieron cuenta de situaciones, cuanto menos, anómalas respecto del manejo de la comuna. Si bien fueron emitidos en los primeros meses de 2014, los expedientes datan de años y gestiones anteriores.

El 9 de mayo, mediante el acuerdo n° 1328, el TC inició la sustanciación de un juicio de responsabilidad contra Seferino Víctor González y Gerardo Rubén Silva, ex delegado y ex secretario habilitado, respectivamente, durante el período 2007-2011. El proceso es por “presunto daño al erario público” en el contexto de una auditoría de las obras y gastos efectuados con dinero del “Fondo Fiduciario Comunal” del año 2008.

Según el documento oficial, hubo dos obras inconclusas. La primera fueron tareas de mejoramientos en viviendas y se transfirieron para ello $ 47.000 a la comuna. Los inspectores del TC observaron que en ninguna de las cinco casas se construyó la vereda perimetral correspondiente; que había grietas en las paredes y que las aberturas eran de mala calidad y no se colocaron los vidrios. “Hay un deterioro injustificado de obras de poca antigüedad”, añadieron los controladores.

La segunda, de acuerdo se consigna, fue la construcción de los baños de la escuela n° 131 “Los Mendoza”. Se giraron $ 44.000 para ese fin. “Se encuentran sin terminar. Resta Ejecutar la instalación eléctrica; revoque fino exterior y (de la) galería; pintura; vidrios y detalles de terminación”, describe un informe. Se aclara que durante años posteriores, la comuna hizo algunas mejoras como instalar parte del sistema eléctrico y pintar el interior de los sanitarios. Detalla, sin embargo, que existe falta de mantenimiento en la grifería y en las cañerías.

En julio, en tanto, el actual comisionado, Mario Castro, pagó una multa de $5.000 por “reiterados incumplimientos a requerimientos del Tribunal” y “conductas omisas y obstructivas”. El responsable de la comuna no habría presentado documentación relacionada con la auditoría del “Fondo Fiduciario Comunal” de 2009.

No es la primera vez que Castro es sancionado por el TC. En el acuerdo n°600, de 2011, había sido multado por su desempeño como secretario habilitado del comisionado Víctor Salinas, a fines de los 90’ por no presentar balances fiscales de 1996, 1997, 1998 y 1999. La sanción, entre ambos, fue de nada menos que $ 760.000.

Castro se encuentra de licencia desde que los habitantes tomaron la comuna, el lunes 29 de septiembre. El jueves, tras negociar con las autoridades del Ministerio del Interior, entregaron el edificio. La asamblea de habitantes eligió a cinco delegados que controlarán a diario a la nueva encargada de la comuna, Belén Zamora (secretaria habilitada). Desde el reclamo, ya cuentan con una ambulancia y el Gobierno prometió mejorar los caminos y el servicio de salud.

Tres reclamos clave

Los lugareños plantearon tres exigencias. En primer lugar, que se pavimente la entrada al pueblo (13 kilómetros que lo unen con la ruta 157). En segundo lugar, que haya una ambulancia en el CAPS y que éste amplíe su horario y la cantidad de profesionales. Y en tercero, que se reparen las escuelas de la zona y que se ponga en marcha un transporte escolar.