VIEDMA (AV).- El Tribunal de Cuentas confirmó nueve irregularidades en la tramitación de obras escolares, realizadas por la secretaría a cargo de Osvaldo Mildenberger. En sus auditorías, el órgano de control aseguró que los trámites de asignación de recursos y contratación de las empresas recién se cumplieron cuando las obras se habían realizados.

Frente a las conclusiones, el Tribunal envío esos expedientes a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas porque "surgen conductas administrativas presuntamente irregulares e incumplimientos de normas legales".

La evaluación fue particular de los expedientes pero las transgresiones se repiten: las obras escolares se cumplen y la tramitación se realiza posteriormente, fraguando cualquier compulsa de ofertas y de participación de constructoras, incumplimiento las mínimas normativas de la administración de fondos públicos.

Estas resoluciones complican seriamente la situación del secretario de Obras Públicas, Osvaldo Mildenberger. Su remoción se volvió a analizar en ocasión de la renuncia del ministro Pablo Verani pero el gobernador Miguel Saiz solicitó su continuidad al flamante titular de Hacienda, Carlos Oliva. Aun así, la sucesión de estas anomalías renuevan dudas para su permanencia. Recientemente, Oliva adelantó que esperaría las resoluciones del Tribunal de Cuentas.

La actuación del órgano de control -que preside Carlos Malaspina- se originó por pedido de la Legislatura con un requerimiento de los legisladores Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidan de Redes; Luis Bardeggia y Luis Bonardo del Foro Rionegrino; Facundo López y María Maza del Frente Grande; y Irma Haneck y Manuel Vazquez de Sur.

Las auditorías solicitadas correspondieron a la construcción de la red de gas en la escuela N°179 de San Antonio, "tareas de demolición del CEM 98 de Las Grutas", "instalación de gas de la Primaria 179 de San Antonio", ampliación, refacción y adecuación del Jardín de Infantes N° 80, y reparación de la Escuela N° 2, y "ampliación y pintura del SUM de la Primaria 23 de Allen".

En la red de gas de la Escuela N° 179 de San Antonio -que oportunamente denunció "Río Negro"- el Tribunal concluyó que "la mayoría de los trabajos fueron ejecutados" y que se finalizaron "aproximadamente en mayo del 2009 mientras que la apertura de las ofertas para el Concurso de Precios se realizó el 17 de marzo de 2010, el cual resultó desierto".

Esta virtual compulsa se registra 10 meses después de concluidos los trabajos.

En general, las auditorías concluyen con nueve transgresiones detectadas y se relaciones a "ejecución del gasto", "disponer del recurso", "publicación en la página web", "procedimiento de selección del contratista", "suscripción del contrato", "constitución de fianzas", "sistema de medición y pago", y "además cuando hubiera correspondido se omitió la pertinente intervención de los organismos de control".

Se expresa que "por lo verificado en el expediente se requirió intervención a organismos y funcionarios sobre hipotéticas realizaciones futuras", por lo que constituyó una prosecución administrativa sobre la ficción de una tarea a realizar en el futuro.

Hay observaciones groseras, como que el expediente de obras para la escuela N° 23 de Allen tiene "fecha de recepción (03/02/10) es anterior a la fecha de la nota (03/03/10)".