Con esa frase dicen que respondió el fiscal de Victoria, Eduardo Guaita, a los familiares de dos personas fallecidas a raíz de un choque frontal ocurrido el domingo 10 de junio del año pasado, en el acceso al enlace Victoria - Rosario.
Los parientes de las mujeres fallecidas siguen de cerca el trámite de la causa Nº 16.624, que lleva la carátula “Álvarez Francisco Ariel s/ homicidio culposo y lesiones culposas múltiples en concurso ideal”.
La investigación se inició a raíz del choque entre el Volkswagen Gol rojo conducido por Álvarez y un Honda Fit en el que viajaban las víctimas. Peritos de Gendarmería establecieron claramente que el Gol invadió el carril contrario, para sobrepasar a otro rodado en un sector prohibido y señalizado con doble línea amarilla. Por si eso fuera poco, Álvarez, oriundo de La Matanza, Buenos Aires, llevaba a otras seis personas en el coche, manejaba con un carné vencido y no tenía los papeles del automóvil en regla.
La peor parte la llevaron los ocupantes del Honda. María Florencia Crovetto –30 años–, murió de inmediato. Viajaba en el asiento de atrás, al lado de su hijita de 16 meses, que estaba sentada y atada a la silla para niños. Manejaba su marido, Santiago, que sufrió lesiones graves que requirieron de tres meses de tratamientos médicos para recuperarse. En el asiento delantero del acompañante, viajaba la tía de Crovetto, Laura Sena –de 45–, que murió después de 100 días de agonía en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, Santa Fe.
El fiscal Guaita imputó a Francisco Álvarez, pero lo tuvo que citar tres veces para que se presente a prestar declaración indagatoria. El hombre avisaba que no tenía medios para viajar desde La Matanza a Victoria y postergaba el trámite. Finalmente se presentó, y se abstuvo de declarar, asesorado por el defensor oficial de la ciudad de las siete colinas.
Entretanto, producida la muerte de Sena, el fiscal pidió que se lo cite nuevamente, porque el segundo fallecimiento cambió la situación y debía ser indagado por otro homicidio culposo. Nuevamente, Álvarez pidió que se posponga su declaración en un par de veces más, hasta que finalmente se presentó el viernes 23 de agosto en el Juzgado de José Alejandro Calleja.
En el medio, el defensor oficial pidió la suspensión del juicio a prueba, beneficio que todavía no le fue concedido, y se conoció que el hombre tiene una causa penal pendiente, desde 2005, por hurto, en la provincia de Misiones.
Enterados de la comparencia del imputado, los familiares de las víctimas fueron a Victoria para entrevistarse con el fiscal Guaita e interiorizarse de la marcha de la causa.
La familia de las víctimas quiere que no se avance con la probation y el acusado sea llevado a un juicio oral y público.
Al hablar con el fiscal se pensaba que “se podía charlar con una persona que no deja de ser un funcionario público, no con un funcionario que no deja de ser una persona. Queríamos poder creer en una Justicia reparadora”, dijo María Eugenia Crovetto.
“Pero no. Lo que aconteció con el fiscal Guaita para nosotros fue incompresible o lo que es peor devastador, humillante”, sentenció la periodista para alertar: “En palabras del fiscal, es política de ese Juzgado y de la provincia de Entre Ríos, no procesar a nadie por una infracción de tránsito. Todas las contravenciones son consideradas de igual modo, no importa el resultado de la misma: infracción”.
Crovetto señaló: “Muchas veces hemos oído hablar de las nefastas consecuencias que ha sufrido el país por un Estado ausente. Hoy sufrimos en carne propia los mecanismos de un Estado, de una Justicia, que se perpetúa en la inercia de no cambiar nada, o más bien, de garantizar un puesto de poder y seguir aceitando los engranajes de una Justicia que está lejos de tener los ojos vendados para garantizar imparcialidad”. Aseguró la hermana de la víctima: “La Justicia está vendada para hacer más cómodo el tránsito de muchos y desgastar y desbastar los sueños de quienes deseamos vivir en armonía, respeto y amor”.
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