Gioja viajará con el fiscal de Estado, legisladores y CGT. La meta: mostrarse juntos para enfrentar los embates mendocinos.
El propio Gioja confirmó ayer que asistirá a la reunión convocada por el riojano Beder Herrera, sin dar datos de la estrategia que se está cocinando, pero que se sabe que será importante: El gobernador viajará acompañado por el fiscal de Estado, el asesor letrado, diputados oficialistas y autoridades de la CGT local. Y probablemente allá se reúnan los fiscales de Estado y gremios de las otras dos provincias, con lo cual es de esperar un fuerte golpe de efecto.
Así Jaque y el ala opositora que lo apoya en la cruzada contra la reinstalación de beneficios promocionales a las provincias más atrasadas en materia industrial enfrentan cada vez un escenario más complicado: Por un lado, pelear con el gobierno nacional al que ya se echó en contra al trabar un decreto de Cristina enmarcado en la preservación del trabajo en momentos en que el país aún no sale totalmente de la crisis financiera mundial, y que insólitamente ocurre cuando intenta reestructurar con los K una deuda millonaria de la provincia. Por otro, tendrá también enfrente a los tres gobernadores que han resuelto en el tema de la promoción ir todos en el mismo barco.
Paralelamente, ayer los diputados de las provincias beneficiadas por el decreto presidencial firmaron y presentaron un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Nación donde declaran el apoyo al Decreto 699/10, "que extendió por quince (15) años la vigencia de la Ley Nº 22.021 de promoción de actividades industriales, agrícolo-ganaderas y turísticas en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luís''.
La presidenta Fernández de Kirchner firmó el decreto 699 el 20 de mayo, donde extiende por dos años el régimen que permite diferir los impuestos de IVA y Ganancias, y además otorga un plazo de 15 años para eximir del pago de impuesto a las empresas que se radiquen en las provincias beneficiadas, y a las ya radicadas que inviertan en ampliaciones. En los últimos casos, serán aceptados solamente los proyectos que impliquen la creación de puestos de trabajo. De hecho, las nuevas firmas promocionadas podrán deducir impuestos hasta el 40% de la masa salarial que creen, y las ampliaciones, hasta el 45%. La Nación será la que apruebe los proyectos.
El decreto argumenta la necesidad de implementar la medida debido a la vigencia de la ley de Emergencia Ocupacional Nacional, y para evitar que se produzca un desmejoramiento "en la recuperación y crecimiento económico del país'', en medio de la "actual crisis financiera mundial, que particularmente ha afectado a los países de Grecia y España''.



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