Se dilata la elección del Defensor del Pueblo por falta de consenso entre los concejales. Los tiempos presionan, pero todavía no hay definiciones. Ninguno de los 30 candidatos reunió los 8 avales necesarios para ser proclamado en el cargo, que antes de fin de mes debe estar definido.

No obstante, tres postulantes encabezan la lista de preferencias: La médica, militante del Movimiento Evita y referente de la organización no gubernamental “Las Unas y las Otras”, Andrea Galaverna; el abogado, ex Concejal del ARI, y actual secretario del Bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura, Darío Rodríguez Duch; y una vecina de amplia trayectoria social, Sandra Quezada.

Por el momento, tanto Duch como Galaverna y Quezada sumaron votos que los acercan al cargo, aunque la definición se prolonga.

Galaverna, también ex jefa de Terapia del sanatorio San Carlos y ex titular de la Subsecretaria de la Mujer y Juventud durante la gestión de Omar Goye -cargo al que renunció a los tres meses de haber asumido-, dijo a este medio que la Defensoría del Pueblo es “un lugar de construcción de ciudadanía, un proyecto colectivo de comunidad, desde el enfoque de los derechos”.

Sobre la metodología de elección del Defensor del Pueblo -por avales de los concejales y no por voto popular- entendió que según su análisis y datos recavados, “en ningún lugar del país o del mundo, los Defensores se eligen por votación popular”, y “si bien ahora la normativa local establece la definición a través de los concejales, pude ponerse a consideración una modificación en la modalidad”.

En cuanto al contenido político de la elección marcado por la mencionada metodología de votación, Galaverna sostuvo: “No vengo de la política, soy militante de base, de barrio, no una 'referente' del Movimiento Evita”, transparentó.

En ese sentido, calificó de manera clásica la actividad: “La política es un instrumento de modificación de la realidad”, resumió.

Sobre su vinculación pública con el oficialismo del Frente para la Victoria, y el consecuente y presunto favoritismo por su figura, Galaverna consideró: “Me genera una dualidad ser supuestamente la favorita, porque sólo ejercí un cargo político durante un corto período y eso lleva a enfrentarse a la devaluada imagen de esa actividad”, indicó y pidió ser tenida en cuenta por su gestión, su profesión y trayectoria como médica clínica. “Ojalá me elijan por lo que soy, por lo que hice, por mis gestiones”, puntualizó.

Sobre la fuerte impronta de perspectiva de género que da a su trabajo y como una de las referentes destacadas de la ONG “Las Unas y las Otras”, Galaverna evaluó: “La perspectiva de género es transversal. Tiñe todo con un determinado color, todo lo que enfoca. Uno ve las cosas de otra manera, es otra forma de ver la realidad”, señaló y sintetizó: “Es un filtro, tal como los derechos sexuales y reproductivos, y ése -la perspectiva de género- es el núcleo de mis intereses”.

En cuanto al rol de contralor de la Defensoría del Pueblo sobre los poderes del Estado, Galaverna planteó que no apunta a “la confrontación, sino a la construcción ciudadana”. Sostuvo que es necesario abonar a la “transparencia institucional y la mayor participación y control ciudadano”. En ese sentido, remarcó: “En el marco de una democracia representativa muchas veces en crisis, hay que acercar al Estado a la participación ciudadana, debemos construir y acompañar prácticas de participación ciudadana, de cara a las instituciones”.

En su proyecto para la Defensoría del Pueblo, sostuvo que “la democracia participativa exige una nueva relación ciudadano-Estado, participación y compromiso, los mismos ciudadanos defensores de sus propios derechos“

“Pretendo contribuir a una democracia construida desde la igualdad, inclusión y solidaridad. Que el ciudadano marque la agenda, no yo”, expuso en la audiencia pública de los candidatos a Defensor del Pueblo. Para ello, propuso una Defensoría “de puertas abiertas” con actuación de oficio ante derechos vulnerados.

Galaverna apuntó a “extender el horario de atención, crear una página web”, en puntos prácticos.

Y se comprometió a trabajar por la “promoción de los derechos, mediación y orientación ciudadana”.

También consideró relevante la elaboración de estadísticas y la instalación de oficinas de la Defensoría en las inmediaciones de los barrios.

Su exposición en la audiencia pública, la inició parafraseando a Mariano Moreno: “Es justo que los pueblos esperen todo lo bueno de sus dignos representantes pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a sus intereses y derechos”.

Por su parte, Sandra Quezada, relató que trabaja en el campo social desde el año 2002, con “bajo perfil”, según definió. La tarea se inició con un grupo de amistad, que se encargaban de alfabetizar a adultos mayores.

Desde el llano, Quezada planteó sobre su postulación: “Me presenté como vecina histórica de Bariloche”. En ese sentido, indicó que sus abuelos arribaron a la ciudad en el año 1902.

Quezada, tiene 51 años e “hijos grandes, lo que me permitió presentarme” para intentar ocupar el cargo, sostuvo, y señaló que le "pareció interesante ayudar desde otro lugar”.

Indicó que fue alentada a postularse por miembros de distintas organizaciones, como la Asociación de Recicladores Bariloche, y la Cooperativa 11 de Septiembre.

“Siempre hice un trabajo chiquito, fuera del horario laboral”, contó y detalló que trabaja en una obra social sindical nacional. Tarea en la que se topa muchas veces con la necesidad de las personas de ser informadas y asesoradas.

Quezada aseguró que no cuenta con “batería política” y se calificó de “independiente” en ese sentido.

“Soy trabajadora y me comprometo”, enfatizó. Y entendió que las otras dos personas que encabezan la lista de los más votados (por Galaverna y Duch) “tienen peso político”.

En cuanto a su proyecto al frente de la Defensoría del Pueblo, Quezada sostuvo que apunta a que los vecinos de Bariloche sean “sujetos de derecho y se 'empoderen'” de las posibilidades que brinda el cargo.

Por otra parte, consideró que la oficina de la Defensoría “debería estar ubicada sobre calle Onelli, Elordi y alguna accesible para todos. Y no sobre calle Mitre. Para que todos puedan llegar y pedir ayuda”, argumentó.

Sobre los motivos que llevaron a la suspensión del suspendido Defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, opinó: “Lo triste y lo terrible es que las instituciones quedan golpeadas”, remarcó, pero no fue crítica con la gestión de Mazzaglia.

Quezada, quien también es mediadora comunitaria, consideró que la función del Defensor del Pueblo es "asesorar en todos los ámbitos, no sólo a personas de bajos recursos. Hay mucha falta de información”, sostuvo y en un mismo sentido, señaló que “hay que bajar el mensaje al llano, al lenguaje cotidiano. La Defensoría es como una Mesa de Entradas”, graficó.

También consideró que resulta necesaria “la institucionalización de la palabra del Defensor, apuntando a la democracia más participativa e inclusiva”. Planteó un “plan austero pero realizable”.

Y concluyó: “Hay que gestionar, no prometer y no hacer asistencialismo”.

En tanto, Darío Rodríguez Duch, dialogó con este medio, pero prefirió no explayarse “hasta después de la elección” para “no condicionar a los concejales”, y “respetar el derecho de igualdad” del resto de los candidatos que no son figuras públicas.

El ex concejal del ARI recibió en los últimos días importantes apoyos a su postulación. Entre otros el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de pueblos originarios, grupo DeSIDA por la Vida, y el Obispado de Bariloche.

En la presentación que realizó para la audiencia pública, expuso: “El defensor tiene que ser un colaborador crítico del Estado, tiene que mejorar la calidad institucional, tiene que ir ligada cada una de sus intervenciones a una respuesta, a una solución. Los elementos fundantes son la protección de derechos e intereses individuales, colectivos y difusos.”

Duch habló de llevar la Defensoría a los barrios. Y “acercar la defensoría a las organizaciones a través de un observatorio ciudadano que funcione como un consejo asesor”, expresó en su presentación.

Sin salirse de ese eje, opinó que son necesarias las “intervenciones de oficio” del Defensor del Pueblo, en casos como talas indebidas, vertido de efluentes al lago, entre otros. También mencionó en su alocución -como objetos de competencia- la promoción de los derechos de los pueblos originarios y el libre acceso a las costas. Planteó, en materia de género, la necesidad de establecer “un sistema de protocolo de intervención en casos de violencia familiar, con asesoramiento legal y psicológico”.