Un nuevo proyecto de ley orientado a tal fin fue presentado por la Democracia Cristiana luego de la práctica quirúrgica, que interrumpiera el embarazo a una menor de 11 años, llevada a cabo en la Maternidad. Desde el radicalismo se elevó un amparo judicial para impedir estas intervenciones sanitarias. Denuncia penal del PRO.
Por tal motivo, se incurrió en una serie de presentaciones judiciales y de carácter parlamentario orientadas a prohibir la ejecución de este tipo de prácticas en el territorio provincial. Así lo sostiene, en un primer término, el proyecto de ley que fue presentado en la jornada de ayer por el legislador de la Democracia Cristiana, José Páez, que pretende declarar como inaplicable el denominado "aborto no punible" según lo expone la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL, dictado en marzo del año pasado.
En dicha resolución, el Máximo Tribunal exhortó a las provincias a elaborar los procedimientos para que los profesionales de la salud pudieran realizar abortos no punibles, tipificados por el Código Penal en los casos de violación.
En este sentido, y al momento de fundamentar las razones que motivaron la presentación de la iniciativa, Páez sostuvo "que no se encuentra modificado el artículo 86, inciso 2, del Código Penal de la Nación, que dispone que solo no es punible un aborto producido a raíz de la violación de una mujer demente, y que la violación y la situación de la víctima sean acreditadas judicialmente".
A su vez, el proyecto en cuestión establece en su artículo segundo que luego de promulgada la norma se deberá comunicar al SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) organismo que informará a los centros de salud de carácter público y privado, a los efectos de su cumplimiento efectivo.
Vale señalar que en el Parlamento tucumano ya existen otros proyectos que se direccionan en esta vía para determinar la prohibición de concretar abortos en los centros asistenciales de la Provincia, pero que hasta el momento no fueron tratados como consecuencia de la complejidad que acarrea la temática. Es más, las ideas que se plasmaron al respecto corresponden tanto a legisladores del oficialismo como de la oposición, sin embargo, aún no logra avanzarse en el debate de las mismas ya que en los propios bloques no se unifican criterios al momento de avalar o rechazar los proyectos.
"La Democracia Cristiana deplora que se haya realizado un aborto siguiendo la línea fijada por la Corte Nacional, también lamenta profundamente la violencia sexual practicada contra la menor de 11 años por su padre biológico, que se encuentra prófugo. Deben extremarse los recursos para aprehenderlo y juzgarlo en la forma debida por ser un delito sexual agravado", señaló Páez.
Por su parte, el lunes pasado, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) presentó un amparo en defensa de la vida y solicitó una medida cautelar para frenar la implementación del protocolo de aborto no punible en Tucumán. "Mi propósito es que se cumpla con el mandato constitucional de preservar la vida desde la concepción", expresó la parlamentaria.
Según afirma Elías de Pérez en su escrito, los protocolos constituyen resoluciones administrativas de carácter inconstitucional, pues lesionan los artículos 40 inciso 1º, 146 e incluso la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución provincial, en los que se expresa la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida desde el momento de su concepción.
La Corte carecería de competencia
En el mismo sentido, la parlamentaria argumentó que estos procedimientos también violan tratados de jerarquía constitucional. Según aseveró, se estaría vulnerando el artículo 4° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), donde se dispone que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida y, en general, a partir del momento de su concepción", entre otras disposiciones del mismo rango.
Para la dirigente radical, "si no se pone un freno a esta situación, el aborto pasará a ser un mero acto administrativo y lo que es más grave, llevado adelante por el Estado, cuya primera obligación es garantizar la vida, como lo admite el artículo 40 inciso 1° y 146 último párrafo de nuestra Constitución Provincial".
La causa iniciada por la correligionaria se encuentra radicada en la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa.
A esta presentación, debe adicionársele la llevada a cabo por el apoderado del PRO-Tucumán, Arturo Forenza (h) quien presentó una denuncia penal por las posibles comisiones de los delitos de aborto, abuso de autoridad, mal desempeño de deberes de funcionario público, dado lo cometido en la Maternidad por parte de profesionales de la salud que le practicaron la cesárea a la menor, quien presentaba 20 semanas de gestación.
En referencia a lo esgrimido por la Corte en su polémico fallo, Forenza resaltó en su denuncia que no es competencia de dicho Tribunal obligar a los estados provinciales a elaborar los protocolos abortivos. "De hecho, en nuestra provincia se rechazó toda posibilidad de dictar estas guías y más aún, existen varios proyectos que tienen como objeto suspender cualquier procedimiento administrativo tendiente a desconocer el respeto a la vida desde la concepción. La realidad nos muestra que en Tucumán no existe norma legal alguna que quite el carácter de punible la práctica del aborto", aseveró el dirigente macrista. Asimismo, instó a los fiscales de instrucción a tomar las medidas necesarias a fin de detener "el estado delictual en el que estarían incurriendo profesionales de salud del Instituto de Maternidad", remarcó Forenza (h).
El año pasado, en una entrevista con este medio, la profesional pediátrica, Viviana Crivelli (profesora de la cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina) sostuvo que "en Tucumán tenemos alrededor de entre 20 a 25 mil abortos anuales, entre inducidos y no, naturales y provocados, lo cual es una cifra altísima. Debemos trabajar con la mujer que quede embarazada cuando no lo desea y atender bien ese embarazo para apuntalar la crianza de su niño. Allí, el área de salud es fundamental, en el aconsejamiento y contención para la mujer. Puesto que, en la actualidad, no se invierte en prevención y protección de la salud", afirmó la galena.

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