En el escrito la profesional solicita se ordene el cese urgente de la vulneración de los derechos humanos fundamentales de dichas personas y cese en la omisión inconstitucional arbitraria imputable a las autoridades responsables: Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Salud Mental y Dirección del Hospital Ragone y Colonia Lozano.

En otro de los considerando Buira hace referencia a los acuerdos que marcan las convenciones, declaraciones y estándares internacionales sobre las garantistas de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales.

Señala que debe aumentarse significativamente el presupuesto destinado a salud mental, que en las cifras de hoy no supera el 1,5%, debiendo por lo menos ser equivalente al 10% del presupuesto total destinado a salud, la presentación de un Plan de Salud Mental, que reconvierta el sistema manicomial, basado en la cultura de custodia asilar, permitiendo sustituir en forma paulatinamente los hospitales psiquiátricos por sistemas alternativos basados en la comunidad, los cuales son: atención primaria de la salud mental, creación de servicios de salud mental en hospitales generales, casas de medio camino, talleres protegidos, familias subvencionadas y otros dispositivos aconsejados por la Declaración de Caracas de 1990.

Buira pide el inmediato traslado de los pacientes recluidos en la Colonia Lozano al Hospital Ragone, éstos son pacientes rurales que urge convertirlos en pacientes urbanos con su traslado al Hospital Ragone, en una primera etapa, que luego pueden pasar a ser usuarios de los servicios basados en la comunidad en una etapa posterior.

En el escrito presentado ante el juez D`Jallad también se refiere a que "debe cesar inmediato de la discriminación por discapacidad mental y pobreza que sufren las personas internadas en los establecimientos provinciales, para que los pacientes hagan uso de su derecho a trabajar, educarse, votar, formar familia, expresarse libremente, informarse, asociarse, contar con un diagnóstico preciso y recibir un tratamiento de calidad adecuado para su recuperación, reinsertarse socialmente, en su derecho al respeto de su dignidad personal y su derecho a la intimidad".

En este sentido tiene un párrafo aparte para el tema de las mujeres, ya que señala

"las pacientes mujeres internadas ven agravada su situación por el hecho de ser mujeres siendo víctimas de abusos sexuales durante el tiempo de la prolongada y crónica internación".

El juez luego de recibido el amparo contará con 48 horas para resolver si da lugar o lo rechaza. En ese lapso de tiempo solicitará informes sobre cada uno de los pacientes que allí se detallan para luego dar su veredicto.